La movilización de granaderos para disolver manifestaciones ciudadanas de los últimos días en Xalapa —de maestros jubilados y padres de familia de zonas indígenas, específicamente— muestra el talante autoritario de la gobernadora Rocío Nahle, que a menos de un año de haber asumido el poder demuestra cómo es que está dispuesta a ejercerlo, y que lejos de dialogar, opta por blindarse.
La semana pasada, maestros jubilados que llevan años reclamando al mismo gobierno de Veracruz el pago de un seguro institucional y que han arreciado sus protestas en las últimas semanas, también fueron “invitados” a desalojar la vía pública por una cincuentena de policías listos para reprimir, tolete en mano y escudo al frente. Imposible no relacionarlo con aquel episodio vergonzoso de diciembre de 2015.
Un día antes, sucedió prácticamente lo mismo con padres de familia de Tehuipango que bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas, afuera de la Secretaría de Educación, hartos de que en sus comunidades no hay maestros. Les aplicaron la misma receta: granaderos para “disuadirlos”. Lo bueno que dicen que son “diferentes”.
La narrativa oficial pretende convencer de que se trata de “contención” o “protección del orden”. Pero los escudos, toletes y cascos no protegen a la ciudadanía: la intimidan, la agreden. La disolución de protestas legítimas no es para mantener la gobernabilidad. Es una muestra palpable del miedo al escrutinio público y a las demandas ciudadanas que no se conforman ni agachan la cabeza por una beca.
Cuando no impera la razón ni hay capacidad para resolver los problemas, se impone el “garrote”. Así parece entender el “diálogo” Rocío Nahle.
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