Ciudad de México.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha adoptado una postura firme, instando al secretario general de la organización a presentar ante la Asamblea General el grave problema de las desapariciones en México, advirtiendo que en México existen indicios bien fundados de que se han cometido y continúan ocurriendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La determinación, difundida el jueves 2 con base en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se sustenta en información documentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
De acuerdo con el organismo, en el País se registran desapariciones con participación directa o indirecta de actores estatales, así como de grupos no estatales que actúan con apoyo, autorización o tolerancia de autoridades.
El informe advierte un patrón de colusión entre funcionarios municipales, estatales y federales con organizaciones criminales.
Entre las prácticas más recurrentes, señala, se encuentran detenciones ilegales realizadas por autoridades que posteriormente entregan a las víctimas a grupos delictivos o las liberan para después desaparecerlas.
También documenta el uso de recursos públicos en la comisión de estos delitos, incluidos vehículos oficiales e instalaciones gubernamentales.
Como referencia, la FIDH expone el caso del Rancho Izaguirre, identificado como un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado por colectivos de búsqueda.
Apunta que la investigación iniciada por la Fiscalía de Jalisco ha estado marcada por omisiones y deficiencias en el manejo forense.