Xalapa, Ver.- La abogada Perla del Carmen Morales Solano denuncia la omisión de autoridades veracruzanas en aplicar la Ley Contra la Tortura, tras la presunta tortura de tres ciudadanos estadounidenses en el CERESO de Poza Rica, quienes han permanecido sin sentencia durante casi tres años debido a negligencia.
La reconocida abogada penalista y defensora de derechos humanos alzó la voz acusando a la gobernadora Rocío Nahle y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omitir sus deberes según la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Su denuncia se centra en la situación crítica de tres ciudadanos estadounidenses, quienes según Morales, han sido víctimas de torturas tanto durante su detención en noviembre de 2022 como dentro del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Poza Rica.
Morales ha explicado los cargos que pesan sobre los detenidos, quienes son acusados de privación de la libertad física y atentados contra las instituciones de seguridad pública. Según la abogada, sus clientes sufrieron violencia para obligarlos a declarar y continúan enfrentando abusos dentro de prisión, como internamientos injustificados y chantajes económicos para recibir atención básica como alimentación, visitas y medicinas.
A pesar de que la normativa legal obliga al Ministerio Público a iniciar investigaciones por tortura, incluyendo la implementación del Protocolo de Estambul que contempla dictámenes médicos y psicológicos para las víctimas, Morales asegura que nada de esto se ha materializado. La FGE fue notificada de estos hechos en mayo de 2024, pero la abogada destaca la dependencia de la Fiscalía especializada, la cual no actúa de manera autónoma.
Ante la falta de acción de las autoridades, los tres ciudadanos estadounidenses han cumplido casi tres años en prisión preventiva sin que se les emita una sentencia, debido a las constantes omisiones de los encargados de impartir justicia. La abogada hace un llamamiento contundente al Gobierno del Estado de Veracruz para legislar eficazmente en esta materia y ha iniciado un juicio de amparo contra esta omisión. Además, urge la creación de una Fiscalía Especializada en el delito de tortura, independiente de la actual estructura de la FGE.