Imagen de archivo. El secretario de Seguridad de México, Alfonso Durazo, asiste a una conferencia de prensa sobre el asesinato de familias mexicano-estadounidenses pertenecientes a comunidades mormonas en el estado de Sonora, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, México. 6 de noviembre de 2019. REUTERS / Luis Cortes
Hermosillo, Son.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ha identificado empresas que, a pesar de ser sancionadas por sus vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, han conseguido contratos con gobiernos de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur.
Juan Manuel González Alvarado, actual representante de SADER en Sonora y exsecretario particular de Alfonso Durazo, gobernador de la misma entidad, concedió una autorización a Qui Lab cuando dirigía Protección Civil estatal. Qui Lab es una de las doce empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, por sus vínculos con la facción comandada por los hijos del Chapo Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa.
En 2023, González Alvarado era Coordinador de Protección Civil en el Estado de Sonora, cargo que ocupó de 2021 a 2023. Ese mismo año emitió a favor de Qui Lab un Dictamen Aprobatorio del Programa Interno de Protección Civil (PIPC), que certifica que un inmueble cumple con medidas de seguridad y prevención de riesgos para operar. Esta constancia es obligatoria para establecimientos de alto riesgo como laboratorios químicos.
Tras su cargo en Protección Civil de Sonora, Juan Manuel González se convirtió en secretario particular del gobernador Alfonso Durazo Montaño, de 2023 a 2024. Actualmente, ejerce como Titular de la Oficina de Representación en Sonora de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y ha sido cuestionado por la aprobación concedida a Qui Lab en su gestión previa.
El funcionario argumentó que la aprobación del PIPC se limita “estrictamente a aspectos técnicos, estructurales y de seguridad”, indicando que la Coordinación Estatal de Protección Civil “no contempla ni tiene atribuciones legales para verificar antecedentes penales, investigaciones criminales o la situación jurídica de personas físicas o morales”. Según explicó, cualquier referencia que relacione el Programa Interno de Protección Civil con procesos judiciales o investigaciones de autoridades “carece de fundamento”.