La Fiscalía General de Oaxaca confirma la localización sin vida de la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández Hernández. Ambos fueron reportados como desaparecidos el 8 de octubre de 2024, y sus cuerpos fueron hallados en dos fosas clandestinas en Santiago Sochiapan el pasado 24 de abril. Esta tragedia pone de relieve la alarmante situación de violencia y la omisión de las autoridades ante la búsqueda de activistas en la región.
Los cuerpos fueron encontrados tras un cateo en un camino de terracería que conecta La Ceiba con Unión Progreso. Este hallazgo se produce después de más de seis meses de investigaciones, poniendo en entredicho la efectividad de las estrategias implementadas para la protección de defensores de derechos humanos en México. La Fiscalía señala que la desaparición y el crimen de esta pareja están vinculados a células delictivas que operan en Veracruz, lo que deja al descubierto la colusión entre el crimen organizado y las instancias gubernamentales que deberían garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Durante las investigaciones, se arrestó a una mujer identificada con las iniciales C. E. R. M., quien ahora enfrenta un proceso con prisión preventiva por su supuesta participación en este horrendo crimen. Pero, ¿dónde estaban las autoridades todo este tiempo? Las declaraciones de los familiares no mienten; hay una clara incapacidad de las instituciones para detener la violencia, que sigue cobrando vidas en nuestro estado.
Sandra Domínguez, reconocida por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, había denunciado la existencia de un grupo de WhatsApp que compartía imágenes íntimas de mujeres, involucrando a funcionarios públicos. Su activismo era un faro de esperanza para muchas mujeres, lo que hace aún más desgarrador su trágico final. Es imperativo cuestionar la justicia de Oaxaca y Veracruz: ¿acaso se ha hecho lo suficiente para proteger a quienes luchan por los derechos humanos?
Las investigaciones siguieron su curso en medio de la impotencia, y aunque el 29 de enero de 2025 se realizó un cateo en el rancho “El Capricho” para capturar a un suspectado, este fue abatido junto con otros hombres en un enfrentamiento. No obstante, el dolor queda grabado en la memoria colectiva, y las injusticias permanecen impunes, desafiando la dignidad de todos.