Xalapa, Veracruz. – Veracruz es uno de los estados con el problema más crítico de desapariciones y fosas clandestinas en México. Según la ONU, la connivencia entre estructuras gubernamentales y el crimen organizado fue un factor clave en la profundización de esta crisis. Alan García Campos, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, analiza el fenómeno y la necesidad de respuestas inmediatas.
– Veracruz es señalado como uno de los estados con más fosas clandestinas en México. ¿A qué se debe esta situación?
– Desafortunadamente, Veracruz ha sido un epicentro de violencia en las últimas décadas. Es una de las cinco entidades del país donde el problema de desapariciones y fosas clandestinas es más crítico y complejo. Esto no ocurre solo por la presencia del crimen organizado, sino porque, en algunos momentos, hubo estructuras gubernamentales que facilitaron su operación.
– ¿Se refiere a complicidad entre autoridades y grupos criminales?
– Sí. En varios casos, el involucramiento de instituciones públicas ha sido documentado tanto por organismos de derechos humanos como por las propias familias. Se han identificado niveles de complicidad y protección dentro de fuerzas policiales municipales y estatales, e incluso dentro de algunas estructuras federales. Esto ha permitido que las desapariciones de personas se conviertan en una crisis de dimensiones atroces.
– ¿Cuál es la magnitud del problema a nivel nacional?
– México ocupa el primer lugar mundial en número de fosas clandestinas, de acuerdo con los registros oficiales de la ONU. La crisis de desapariciones no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un entramado donde la impunidad, la corrupción y la falta de voluntad política han jugado un papel determinante.
– ¿Sigue existiendo esa complicidad dentro de las instituciones?
– No podemos afirmar que en la actualidad las autoridades estatales o federales mantengan vínculos con grupos criminales, como ocurrió en el pasado. Lo que sí podemos señalar es que el problema persiste y sigue sin resolverse. Es fundamental que las administraciones actuales tomen medidas contundentes para esclarecer estos crímenes y garantizar justicia a las víctimas.
– ¿Ha notado avances en el estado de Veracruz?
– Hay señales de una voluntad política emergente. En diciembre de 2024 nos reunimos con la gobernadora Rocío Nahle García y colectivos de búsqueda para delinear una agenda de trabajo. Se han dado pasos importantes, como la designación de una nueva titular en la Comisión Estatal de Búsqueda, pero aún queda mucho por hacer. La verdadera medida del éxito será la localización de personas y la identificación de restos humanos.
– ¿Qué se necesita para enfrentar esta crisis?
– Un enfoque integral. No basta con reconocer la problemática, se requieren acciones estructurales: fortalecer las fiscalías especializadas, garantizar el acceso a la justicia, y sobre todo, poner en el centro a las familias de las víctimas.
– ¿Qué mensaje envía a las autoridades y a la sociedad mexicana?
– La desaparición de personas es un crimen que se sigue cometiendo diariamente. Mientras no se localicen a las víctimas y se haga justicia, sigue vigente. Es un problema de derechos humanos que no solo afecta a México, sino que define la dignidad y el rumbo de toda una sociedad.