Eso de que “se investigaría a fondo” el tema del Cartel Inmobiliario en Veracruz, así como la red de despojo de inmuebles más bien fue cuento de la gobernadora Rocío Nahle para bajar presión al reclamo de la opinión pública por llevar a prisión a sus equiperos delincuentes coludidos con localizados jueces y notarios.
Y es que no ha de ser fácil desmantelar de su gobierno el ala del crimen organizado que deja pingües ganancias a personajes ligados al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, así como al grupo del subsecretario de la SEV, David Jiménez.
Hoy mismo, no queda claro el rol en este entramado criminal de Adolfo Toss Caspistrán, quien funge como Director de Política Regional de la SEGOB y su familia.
No hay claridad ante la afirmación de que el “Tribunal de Disciplina” del Poder Judicial investigaría las actividades del juez Leopoldo Toss Capistrán -hermano de Adolfo- en lo correspondiente al despojo de inmuebles y sus nexos con un “Cartel Inmobiliario” en Xalapa.
En paralelo, el gobierno del estado guarda un sospechoso silencio sobre las acciones criminales del ex Director del Registro Público de la Propiedad en Veracruz, David Agustín Jiménez Rojas, hoy en día Sub-Secretario de la SEV.
Jiménez Rojas ha sido señalado de estar protegido por el manto imperial por haber “legalizado notarialmente” todas las propiedades de la familia de Roció Nahle a través de notarios a modo.
El hecho es que sigue operando el Cártel Inmobiliario, así como la red de arbitrariedades, corrupción e ilegalidad en el despojo de sus propiedades a personas.
Eso de que “No habrá intocables, no habrá impunidad, y caerá quien tenga que caer por estar involucrados en este tema”, expuesto por Nahle el 15 de diciembre pasado, resultó un esquinazo ya que en los hechos los despojos de propiedades en los que estarían involucrados funcionarios estatales, así como del Registro Público de la Propiedad, catastro, abogados, notarios, y personal del Poder Judicial de Veracruz, siguen a la orden del día.
Hoy pocos, muy pocos son los dueños de inmuebles y negocios que anuncian la venta de sus propiedades en abierto ya que la delincuencia organizada, particularmente en Xalapa y Veracruz recorre calles y colonias en busca de letreros de venta para consumar el despojo.
Y aunque prima el silencio oficial, a sottovoce suena el apellido Toss Capistrán identificado en los despojos inmobiliarios más escandalosos de la capital, así como el desalojo de una residencia en el fraccionamiento Las Ánimas, Xalapa valuada en ocho millones de pesos, pero “vendida” en 300 mil pesos.
Leopoldo Toss Capistrán firmó como Juez las actuaciones y ordenó el desahucio de los legítimos propietarios, en un proceso denunciado por irregularidades graves y maniobras que hoy son señaladas como despojo.
El caso de David Agustín Jiménez pieza clave del “Cártel Inmobiliario” tras su paso por el Registro Público de la Propiedad está peor ya que se le señala como gestor de la red delincuencial del Cartel Inmobiliario, réplica del que opera en la ciudad de México.
El actual Subsecretario de la SEV, fue despedido por el atarantado Cuitláhuac García como Director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías al haber sido denunciado ante la Fiscalía del Estado.
En su momento se radicó la carpeta de Investigación FIM/F8/140/2022 del índice de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales por probables actos de corrupción.
Se le acusó de formar parte de una red de corrupción que operaba desde las entrañas del Registro Público de la Propiedad, donde a través de falsificación de documentos y el despojo de tierras ubicadas en los municipios de Actopan, Puente Nacional, La Antigua, Xalapa y Alto Lucero, beneficiando a personalidades con poder y adjudicándoles terrenos a cambio de millones de pesos.
En su momento su publicaron dos cartas abiertas dirigidas al entonces presidente López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García para solicitar su intervención y que se hiciera efectiva una orden de aprehensión en contra del entonces titular del IVAI (a donde ya había brincado) David Jiménez Rojas.
“Uno de estos casos, decía la carta abierta, fue denunciado en el año 2019 y se refería a un rancho de más de 20 hectáreas ubicado en Puente Nacional, donde la autoridad competente determinó responsabilidad legal y penal de Jiménez Rojas, y el juez emitió una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada al día de hoy”, publicó en su momento el portal “Prensa Veracruz” viralizado en redes sociales.
Es la impunidad total.
Y lo que son las cosas, hay quien extraña al “Atarantado” aduciendo que estábamos mejor cuando estábamos peor.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo