Ciudad de México.- En México, el avance de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada genera polémica por incorporar medidas que algunos consideran espías al vincular datos biométricos de los ciudadanos con su CURP, incitando críticas del senador Ricardo Anaya sobre el supuesto control estatal.
Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado han dado luz verde a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población. Esta aprobación, con 20 votos a favor, busca abordar la problemática de las desapariciones mediante un sistema integral que incluye tecnología avanzada y mayor coordinación entre instituciones.
Uno de los puntos más controvertidos es la implementación de la Plataforma Única de Identidad (PUI) que centraliza la gestión de los datos contenidos en la Clave Única de Registro de Población (CURP), incluyendo huellas dactilares y datos biométricos. El artículo 91 dictamina que estos datos serán esenciales para cualquier trámite, lo que ha sido criticado por figuras de la oposición como Ricardo Anaya.
El senador del PAN advierte que esta medida no solo busca resolver una crisis humanitaria, sino consolidar un control estatal excesivo, al permitir acceso a información personal sin mediaciones. Afirma que el uso de la crisis de inseguridad para promover estas reformas es un intento de instaurar un “gobierno espía”.
Claudia Anaya, senadora del PRI, comparte las críticas al proyecto, considerando que podría convertirse en un instrumento de control más que en una solución para las desapariciones. La discusión sobre estas reformas avanzará a la plenaria del Senado, donde se espera un debate intenso sobre el alcance y peligros potenciales de este control estatal.