Xalapa, Ver.— La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, ha intensificado sus señalamientos contra varios perfiles políticos vinculados a Movimiento Ciudadano (MC), a quienes acusa de contar con antecedentes penales o presuntos vínculos con la delincuencia organizada. En un discurso reciente, Nahle agrupó a estos actores bajo el apelativo de “Club de los Presidiarios”, generando críticas por una posible revictimización de figuras que han sido absueltas o liberadas mediante amparos.
Entre los nombres mencionados figura José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, cercano a los dirigentes Dante Delgado y Ricardo Monreal
Del Río fue detenido en 2021 acusado de ser el autor intelectual del homicidio del candidato de MC a la alcaldía de Cazones, René Tovar, pero posteriormente fue declarado no sujeto a acción penal y obtuvo su libertad mediante un amparo
El caso provocó que el Senado analizara la posibilidad de solicitar la desaparición de poderes en Veracruz, señalando abuso de autoridad por parte del gobernador en funciones, Cuitláhuac García.
Nahle también se refirió a Gregorio Gómez, exalcalde de Tihuatlán, quien participó en la reciente elección apoyando a MC. Gómez fue detenido en 2021 y acusado de diversos delitos, incluyendo homicidio. Tras permanecer en prisión preventiva, obtuvo un amparo que le permitió continuar su proceso en prisión domiciliaria. Su victoria en las urnas ha sido vista como una derrota simbólica para Morena en el norte del estado.
Otro caso es el de Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, quien enfrenta varios procesos penales. A pesar de contar con múltiples amparos y resoluciones judiciales a su favor, permanece en prisión domiciliaria debido a la negativa del Poder Judicial de Veracruz a ejecutar las sentencias federales. Diversos analistas han señalado su caso como un ejemplo de persecución judicial.
Asimismo, Nahle aludió a Jesús Uribe Esquivel, alcalde electo de Las Choapas por MC. Uribe fue detenido, vinculado a proceso por el homicidio de un militar y sentenciado a 20 años de cárcel, aunque fue absuelto posteriormente mediante un juicio de amparo.
Su victoria electoral representó un golpe para Morena, en particular para su dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta. La defensa de Uribe ha denunciado una campaña de criminalización en su contra y ha cuestionado el papel de la Fiscalía del estado.
También se mencionó a Ramón Ortiz Cisneros, empresario y exlíder sindical, quien fue detenido por presunta participación en actividades violentas. Estuvo en prisión durante más de un año y fue liberado tras obtener un amparo. Aunque Nahle lo identificó como prófugo de la justicia, sus familiares apoyaron a Morena durante la campaña de 2024, lo que ha generado acusaciones de uso selectivo del poder judicial.
El discurso de la gobernadora electa ha generado preocupación entre organizaciones civiles, que advierten sobre el riesgo de que se utilicen las instituciones del estado para perseguir adversarios políticos.
Casos como el de Lorena Sánchez Vargas, alcaldesa de Sayula de Alemán, han reavivado el debate sobre la selectividad en la aplicación de la ley. Sánchez, acusada de corrupción y supuestos vínculos con grupos criminales, ha contado con el respaldo de Morena y del Congreso local, lo que contrasta con el trato que reciben otros actores políticos.
Las declaraciones de Rocío Nahle se producen en un contexto de reconfiguración política en Veracruz, tras una jornada electoral marcada por la pérdida de municipios por parte de Morena, el avance de Movimiento Ciudadano, que se constituyó en segunda fuerza política, y la presencia de impugnaciones en distintas regiones.
Diversos observadores han subrayado la necesidad de garantizar el debido proceso y evitar la judicialización de la política en el estado.