En los últimos días el Senado de la República y la Cámara de Diputados han hecho historia, pero no por las razones correctas, sino todo lo contrario. Esto se debe a que entre el 23 de junio y el 2 de julio celebraron un periodo extraordinario de sesiones bajo el argumento de que existían pendientes legislativos que “no podían esperar más tiempo”. Sin embargo, cada una de las reformas eran pieza de un mismo rompecabezas para construir una maquinaria autoritaria para normalizar la vigilancia del ciudadano, destruir a los organismos autónomos y someter la libertad al escrutinio de una persona.
La primera pieza, fue la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos para unificar todos los trámites con la mágica Llave MX y con la implementación de la CURP biométrica como una fuente de identidad y con la que nos obligan a todos a entregar nuestros datos personales a una sola dependencia: La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por el Señor Pepe Merino, y quien tendrá un acceso sin control a los datos personales, biométricos, sin ninguna garantía de que nuestra información será protegida.
La segunda pieza, fue la reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada, con la que crean una Plataforma Única de Identidad basada en una CURP biométrica que podrán seguir en tiempo real. Ahora para adquirir cualquier servicio como boletos de avión o autobús nos obligarán a entregar nuestra CURP por lo que bastará teclearla para saberlo todo.
La tercera pieza fue la reforma en materia de telecomunicaciones, donde reservaron al gobierno la facultad de censurar bajo el pretexto de suspender transmisiones por presuntas violaciones a los “derechos de las audiencias”. Sin embargo, lo más grave es el Registro Obligatorio de Usuarios Móviles, puesto para tener un teléfono, será necesario entregar la CURP biométrica con la que podrán acceder a la geolocalización en tiempo real, sin ningún tipo de control judicial.
Otra pieza fue la reforma de la Guardia Nacional con la que avalaron la geolocalización en tiempo real de equipos móviles sin la intervención de algún juez. Y como cereza del pastel, se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, mejor conocida como “Ley Espía” e implica una vigilancia masiva sin control judicial y con gran vulnerabilidad de los datos personales frente a posibles ciberataques. Dicha Ley amenaza los derechos fundamentales y transgrede el principio de presunción de inocencia, pues todos los mexicanos seremos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario.
Desde Acción Nacional estamos a favor de salvaguardar las libertades y de proteger los derechos de todos los mexicanos. Por ello, nos opusimos a estas reformas, no solo porque adolecen de graves deficiencias legislativas, sino porque cada una constituye un peldaño más en la escalera del autoritarismo, donde se acecha a los ciudadanos y se calla a los incómodos.
EL HERALDO DE MÉXICO