Tatahuicapan, Ver.- Las decisiones unilaterales de Vladimir González Martínez, alcalde de Tatahuicapan, han encendido el descontento en la sierra, acusado de pactar acuerdos sin consultar a los ejidatarios locales, provocar un enfrentamiento entre comunidades indígenas, generar la disputa por la retención de un camión de basura del municipio de Soteapan y la obligación de pagar una multa y hasta una amenaza de denuncia y cárcel si es bloqueado el suministro de agua a por lo menos seis municipios del sur.
Activó la primera chispa cuando decidió que Tatahuicapan podía servir de almacenamiento de basura del municipio de Soteapan. Usó las tierras ejidales como confinamiento de residuos sólidos. Y la chispa prendió.
A cambio del uso de un vehículo recolector de basura, propiedad del ayuntamiento de Soteapan, Vladimir González consintió la disposición de desechos sin consultar ni contar con la aceptación de los ejidatarios. La reacción fue inmediata, y los directivos del ejido lo obligaron a dar marcha atrás en el acuerdo, reteniendo la unidad recolectora e imponiendo una multa de 130 mil pesos, que el alcalde de Soteapan, Sósimo López Ramírez, aceptó.
La respuesta de los soteapenses fue virulenta. En asamblea, rechazaron el pago de la multa y conminaron a los ejidatarios de Tatahuicapan a liberar la unidad recolectora de basura sin condición alguna. De lo contrario, sentenciaron que sería tomada la presa El Platanillo que abastece de agua a Acayucan, Oluta y Oteapan.
Los apoyos que el ayuntamiento de Coatzacoalcos ha dado “se han ocupado para despilfarrar en fiestas públicas, mientras las vías de comunicación del corredor ecoturístico están en el vil abandono”, señalaron Fidencio Bautista Gutiérrez, presidente del comisariado ejidal; la secretaria, Soledad Márquez Hernández; el presidente del Consejo de Vigilancia, Epifanio Bautista González, y el tesorero de la Comisaría Ejidal, Andrés Hernández Castillo.
La situación escaló aún más con el tema del agua. El abastecimiento desde el yacimiento Yuribia, enclavado en el interior del ejido Tatahuicapan, hacia Coatzacoalcos pasó a ser otro punto de fricción.
Los ejidatarios acusan a Vladimir González de entablar conversaciones con el ayuntamiento de Coatzacoalcos y negociar recursos sin contar con el visto bueno de los representantes del ejido, según revelaron sus voceros.
Insisten en que las condiciones para la gestión del agua deben ser consensuadas colectivamente, ya que el bien hídrico está en su jurisdicción. De no alcanzarse un entendimiento amigable, advierten, se interrumpirá el flujo hacia Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, afectando a medio millón de habitantes.
El alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, intentó distanciarse de los acuerdos, subrayando ser ajeno a esa versión. Y entonces se le ocurrió deslizar una amenaza: todo sabotaje es delito y conlleva implicaciones legales.
La historia reciente está plagada de bloqueos y protestas encabezadas por las comunidades ejidales cuando sienten que sus derechos están siendo amenazados. Las imágenes de cierres de carreteras y protestas masivas son un recuerdo vívido de su poder de movilización.
Rosaldo ya vivió en carne propia la confrontación con los ejidatarios durante su tiempo como delegado de Política Regional de la Secretaría de Gobierno de Veracruz. Tras una experiencia de tensa retención por los tatahuis, él prefirió renunciar a su cargo para refugiarse en el ámbito federal, bajo la protección política de Norma Rocío Nahle García, entonces secretaria de Energía.
El conflicto de Tatahuicapan, por tanto, refleja fracturas profundas en la relación entre administraciones municipales y comunidades indígenas, donde la desconfianza y el abuso de poder son apenas la punta del iceberg. Las nuevas generaciones, al igual que los líderes actuales, observan cómo las viejas rencillas y promesas no cumplidas regresan para marcar el presente y comprometer el futuro.
Tatahuicapan arde. La sierra arde.