El ‘Plan B’ electoral ha generado una notable controversia en el Senado de la República. Aproximadamente 24 senadores, principalmente de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron el dictamen en una votación, a pesar de la falta de apoyo del Partido del Trabajo (PT), que expresó su desacuerdo con medidas específicas, como la realización de la consulta de revocación de mandato en las elecciones intermedias de 2027.
La crítica no se hizo esperar. Líderes de partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo a la reforma. Ricardo Anaya Cortés, del PAN, calificó el Plan B como una iniciativa que no atiende los problemas centrales de la democracia mexicana, como la intervención del crimen organizado en las elecciones.
Los argumentos desde Morena sugieren que esta reforma busca fortalecer la herramienta democrática de revocación de mandato, permitiendo a los gobernantes defender sus proyectos políticos ante la ciudadanía.
Ahora, este dictamen se encamina a una votación en el pleno del Senado, prevista para la semana en curso, lo que podría definir el rumbo que tomará el sistema electoral de México y sus implicaciones sobre el federalismo y la democracia en el país.