ESPECIAL
Washington, DC.- La administración de Donald Trump ha autorizado este martes que las fuerzas de seguridad migratoria puedan realizar detenciones en lugares previamente considerados “espacios protegidos” como escuelas, iglesias y hospitales, rompiendo con una política que había prevalecido desde 2011.
El Departamento de Seguridad Nacional, a través de su secretario interino, Benjamine Huffman, anunció el fin de los lineamientos establecidos en la era Biden, que limitaban la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) en lugares sensibles.
En un comunicado oficial, Huffman justificó el cambio como una medida para garantizar “la aplicación total de nuestras leyes migratorias”. “Esta acción permite a los agentes del ICE y la CBP capturar a criminales, incluidos asesinos y violadores, que han ingresado ilegalmente a nuestro país. No permitiremos que las escuelas, iglesias o hospitales sean refugios para aquellos que violan nuestras leyes”, afirmó.
Fin a un bastión de protección
Hasta ahora, escuelas, hospitales y lugares de culto eran considerados zonas de respeto, donde los agentes federales debían abstenerse de realizar operativos. Esta política buscaba proteger a los más vulnerables, como familias y menores, de ser aprehendidos en espacios de asistencia social o espiritual. Sin embargo, con este nuevo decreto, la administración Trump ha revertido dicha protección.
La medida ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que señalan que esta decisión no solo sembrará temor en comunidades migrantes, sino que también pondrá en riesgo a niños y pacientes que podrían evitar acudir a escuelas u hospitales por miedo a ser detenidos.
“Las familias ya viven aterrorizadas. Ahora, ni siquiera los sitios considerados refugios humanitarios están a salvo”, expresó Linda Rivas, directora de una organización que asesora a migrantes en El Paso, Texas.
Restricciones al parole humanitario
En paralelo, el Gobierno de Trump anunció nuevas restricciones al uso del programa de libertad condicional humanitaria (parole), que permite a ciertos migrantes permanecer temporalmente en Estados Unidos por razones excepcionales. Según Huffman, la administración Biden “abusó” de este programa al permitir la entrada de 1.5 millones de migrantes sin un control exhaustivo.
“El parole humanitario será devuelto a su propósito original: una evaluación caso por caso”, señaló el funcionario, destacando que la administración Trump busca garantizar un sistema migratorio basado en la estricta aplicación de la ley.
Reacciones internacionales
La decisión llega en un contexto de creciente tensión con países vecinos como México y Guatemala, quienes han expresado su preocupación por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.
Activistas y líderes religiosos, por su parte, han instado a Trump a reconsiderar esta política, argumentando que contradice valores humanitarios fundamentales. Mientras tanto, las comunidades migrantes se preparan para enfrentar un panorama aún más incierto.
Este cambio de rumbo marca un golpe definitivo a las medidas más progresistas implementadas por administraciones anteriores, reafirmando la línea dura que Trump había prometido desde su regreso al poder.