Ciudad de México,- La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó este sábado la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, quien es acusado de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Aureoles fue detenido a las 11:00 horas en Zapopan, Jalisco, luego de que la juez Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, girara la orden de captura el pasado 27 de febrero bajo la causa penal 118/2025.
Silvano Aureoles fue miembro del Partido de la Revolución Democrática, antagónico al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien retó en sus últimos meses como presidente cuando exigió ser recibido en Palacio Nacional y, al no lograrlo, se instaló en el exterior de la sede de gobierno sentado en un banco mientras realizaba su plantón. Su confrontación con Morena, el partido oficial, también provocó estridencia.
Otros detenidos
La detención de Aureoles no fue un caso aislado. Este mismo día, también fueron asegurados Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán; José Antonio Bernal, exsecretario de Seguridad Pública; Guillermo Loaiza Gómez, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad de Michoacán.
Maldonado Mendoza fue capturado en Miami, Florida, por la Interpol, a petición de la FGR. Desde hace una década radicaba en Estados Unidos, incluso mientras ocupaba un puesto en el gobierno de Aureoles.
Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apuntan a un presunto desvío de 4 mil millones de pesos, aunque la orden de captura contra Maldonado Mendoza es específicamente por el delito de peculado, relacionado con el desvío de 4 millones de pesos en una obra pública en Zitácuaro que nunca se realizó.
La denuncia de Ramírez Bedolla
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó 13 denuncias contra Aureoles y otros exfuncionarios por la compra inflada de siete cuarteles regionales de la Policía Estatal. De acuerdo con los avalúos, el costo de cada cuartel no debía superar los 100 millones de pesos, pero en los registros del gobierno estatal se reportó un gasto total de 4 mil millones de pesos.