En 2004, el entonces secretario de juzgado, Cristóbal Hernández Cruz, certificó 2 sentencias falsas con las que el clan Quintanilla Hayek perpetró un fraude contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 22 años después, ya siendo juez, sigue sirviendo a ese grupo empresarial.
Durante este tiempo, Hernández Cruz emitió una certificación de una sentencia que benefició fraudulentamente a los hermanos Quintanilla Hayek, Arturo y Jaime. Estos individuos, utilizando la fachada del Parque Industrial Coatzacoalcos, pretendieron invalidar la propiedad de los hermanos Bringas Burelo sobre un vasto terreno de 12 mil hectáreas.
Este movimiento permitió a los Quintanilla reclamar ilegalmente indemnizaciones por un terreno conocido como La Piedra, que abarca incluso áreas del río Coatzacoalcos. El objetivo era obtener beneficios económicos de una supuesta afectación por obras del Distribuidor Vial, ubicadas entre la Central Camionera y el río, cobrando aproximadamente 5 millones de pesos del erario federal.
El escándalo tomó nuevas dimensiones cuando se descubrió que el expediente 904/2004 no tenía relación alguna con la disputa sobre las tierras mencionadas. En realidad, se trataba de un caso de pensión alimenticia, evidenciando que la certificación realizada por Cristóbal Hernández Cruz era ficticia y parte de un entramado de corrupción para desfalcar al estado.
Este episodio es un ejemplo más del amparo que ciertas figuras de poder encuentran en el sistema judicial, donde prácticas fraudulentas pasan desapercibidas o no se sancionan adecuadamente. A pesar de las acusaciones, Hernández Cruz ha mantenido su posición sin enfrentar consecuencias legales significativas, al grado de que hoy se autonombra coordinador de los jueces del sur de Veracruz, cargo que no existe.
Las conexiones políticas de Hernández Cruz, como su relación con el clan del compadre de la gobernadora Norma Rocío Nahle, Arturo Quintanilla Hayek, han generado dudas sobre la integridad y el alcance de sus actuaciones.
Frente a estas y otras interrogantes, expertos legales llaman a una investigación exhaustiva de las acciones del juez Hernández Cruz, demandando que se depuren responsabilidades y se restablezca la credibilidad del aparato judicial en el estado.