Todos estamos de acuerdo en que la corrupción no se termina por decreto ni con discursos. Que erradicar este pernicioso fenómeno precisa eliminar el caldo de cultivo que la hace posible, esto es, que se atempere la vocación patrimonialista del poder, que se interiorice que el servicio público no es la vía para acumular fortuna y que entre los que hoy gobiernan se entienda que el apoyo mayoritario que recibieron en las urnas en el 2018 no representaba en absoluto un cheque en blanco para que a nombre de una pretendida transformación, que seguimos esperando, se impongan voluntades, se someta a los adversarios y críticos, se avasalle a quien se pueda y se gobierne exactamente como lo hicieron en el pasado.

En materia de combate a la corrupción el discurso gubernamental en Veracruz está lleno de buenas intenciones, pero hasta ahí. No se han dado pasos concretos para cambiar a fondo y al no hacerlo queda intacto el hábitat que hace posible la persistencia de este grave mal y de su compañera la impunidad. Por más que se enarbole la bandera de la honestidad, si no se articulan los esfuerzos del gobierno con el deseo de la mayoría de la gente de poner en verdad un hasta aquí al ejercicio de gobierno que privilegia los intereses de partido, la rentabilidad electoral de sus programas, la visión patrimonialista del poder, es poco lo que podrá lograrse.

Y esta forma de conducir la administración hoy se expresa paradójicamente en una de las instituciones surgidas precisamente para combatir la corrupción y la impunidad: el Sistema Estatal Anticorrupción.

Este sistema producto de la reforma constitucional federal del 2015 y creado en Veracruz en el 2017 tras la reforma a la constitución local y la expedición de la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz, desde su origen ha tenido un mal fario.

Desdeñado por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y ninguneado por el gobierno de Cuitláhuac García, este esquema de coordinación en el que participan los titulares de las instancias encargadas de prevenir y sancionar las faltas administrativas graves y los hechos de corrupción, y las que tienen a su cargo la fiscalización del uso de los recursos públicos y de las acciones de transparencia y rendición de cuentas, ha ido a la deriva ante la falta de apoyos y el intento permanente de someter a los ciudadanos que ahí participan reunidos en el Comité de Participación Ciudadana y que, al menos en lo que dice la ley, corresponde presidir el Sistema.

Este Comité de Participación Ciudadana ha debido dar una ardua batalla y luchar a contracorriente ante la negativa de las autoridades para transparentar sus actos, rendir cuentas y combatir realmente a la corrupción; y como respuesta a su labor que se toma como impertinencia, se les han retenido los honorarios que por ley les corresponde, se les ha querido acusar de daño patrimonial, precisamente por recibir un pago por sus servicios profesionales, bajo el falaz argumento de que no se combate eficazmente la corrupción o la impunidad como dictan los objetivos del Sistema plasmados en la ley, cuando es más que obvio que esa tarea es facultad de las instancias gubernamentales y por más que quieran los comisionados ciudadanos nada se puede hacer sin la voluntad gubernamental.

El Sistema Anticorrupción ha vivido así estos casi 5 años sometido a través de recortes presupuestales, capturado y mediatizado por la representación del gobierno estatal que en la práctica recae en la Contraloría del Estado, cuya titular, Mercedes Santoyo, que paradójicamente formó parte del primer grupo de ciudadanos designados por la Comisión de Selección nombrada por el Congreso del Estado para ese efecto, ya en el papel de funcionaria pública tomó el control del Sistema para defender ya no los intereses ciudadanos sino los del gobierno.

El SEA se convirtió así en un elefante blanco y espacio de simulación en el que las iniciativas y propuestas de los integrantes del Comité Ciudadano han sido siempre frenadas o rechazadas.

Si las cosas iban mal, todo se acabó de descomponer a finales del año pasado cuando se decidió darle acomodo en la estructura gubernamental a quien presidiera la mesa directiva de la LXV Legislatura del Congreso local, la morenista Adriana Paola Linares Capitanachi, a quien se decidió enviar como Secretaria Técnica del Sistema Anticorrupción de Veracruz, el órgano administrativo desconcentrado que le brinda soporte para sus tareas.

Ahí se dio un evidente acto de violación de la ley, pues debe recordarse que Linares Capitanachi incumplía los requisitos que marca la norma, pues no puede ser Secretario Técnico del organismo quien haya sido representante popular en los últimos cuatros años anteriores a la designación o que tenga militancia partidista, pero ello no importó y fácil y rápido la mayoría morenista en el Congreso, sin justificación alguna, le otorgó una dispensa para obviar ese impedimento que estipula la ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ahora la Secretaria Técnica, que desde su arribo despidió a decenas de empleados para acomodar recomendados, mudó las oficinas a un espacio de lujo en el que se paga de renta 140 mil pesos, el doble de lo que se pagaba, comenzó una política de acoso hacia los miembros del Comité Ciudadano a quienes retuvo el pago de honorarios y ahora, en el colmo, pretende desconocerlos como figuras pertenecientes al Sistema Anticorrupción.

En esa lógica de prepotencia, el jueves 10 de marzo el Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, en el que participan los titulares de la Contraloría General del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción y del Consejo de la Judicatura, realizó una sesión en la que a propuesta de la Secretaria Técnica, Adriana Linares, se acordó que ya no se suscribirán más contratos de prestación de servicios con los actuales integrantes del Comité Ciudadano, lo que en la práctica equivale a desconocerlos y dejarlos fuera del Sistema.

Lo que es evidente es que se pretende doblegarlos y forzarlos a que renuncien para, adivinó usted, acomodar a comisionados ciudadanos a modo, calladitos, obedientes y sin que les pase por la cabeza exigir que el combate a la corrupción o las labores de prevención de faltas administrativas graves dejen de simularse.

No sobra recordar que a los integrantes del Comité Ciudadano solo puede removerlos, de no mediar falta grave, el Congreso del Estado y tras resolución en ese sentido, suspender sus contratos de prestación de servicios profesionales. Ello no puede decidirlo, en consecuencia, la Secretaria Técnica o la Contralora del Estado porque significa, sin más, el incumplimiento de un deber legal y un abuso de autoridad por parte de los integrantes del Órgano de Gobierno y de la secretaria ejecutiva del Sistema Anticorrupción.

Ante estos hechos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana han solicitado la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de la presidenta de la mesa directiva de la LXVI Legislatura del Congreso local, Cecilia Josefina Guevara Guembe para que conozcan y frenen todas estas anomalías.

Una muestra del abuso de poder y la corrupción, aunque usted no lo crea, en el Sistema Anticorrupción de Veracruz.

El colmo de los colmos.

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