La corrupción no se termina por decreto ni con discursos. Para que ello sea posible se precisa erradicar el caldo de cultivo que la hace posible, y sobre todo se requiere que no haya más impunidad. Y ello no se ha logrado en Veracruz.

 

Por eso el mensaje dado el pasado sábado por el Ejecutivo del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, con motivo de su Primer Informe de Gobierno, en el que afirmara que hoy hay un gobierno honesto y que se ha dejado atrás la corrupción, debe verse con matices.

 

 

Porque si bien es cierto que se han acotado algunos privilegios de la alta burocracia y de que no se duda de que el mandatario sea un hombre honesto, decidido a dejar huella y a transformar el estado de cosas, persiste en Veracruz uno de los principales orígenes del fenómeno de la corrupción que es la captura de puestos, presupuestos y órganos de procuración de justicia. Y la falta de contrapesos en la relación con los poderes Legislativo y Judicial lo agudiza.

 

El corte de caja que hizo el gobernante está lleno de buenas intenciones, de ganas de que se valore el esfuerzo realizado en un año de aprendizaje, pero que deja de lado buena parte de los pasivos y las fallas que deben reconocerse para en verdad reencauzar la marcha de la entidad.

 

Y no hacerlo, es justamente propiciar que se proteja el hábitat que hace posible la persistencia de la corrupción y la impunidad. Por más buenas intenciones que existan, por más que se enarbole la bandera de la honestidad, si no se articulan los esfuerzos del gobierno con el deseo de la mayoría de la gente de poner en verdad un hasta aquí al ejercicio de gobierno que privilegia los intereses de partido, la rentabilidad electoral de sus programas, la visión patrimonialista del poder, es poco lo que podrá lograrse.

 

Debe decirse, en abono al ingeniero Cuitláhuac García, que la situación que heredó del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares era poco halagüeña para esperar grandes resultados.

 

Con una hacienda quebrada, un endeudamiento gigantesco, compromisos incumplidos al por mayor con proveedores y prestadores de servicios, entre otros pasivos, era entendible que solo con un golpe de timón en el manejo de las finanzas públicas, con la reestructuración de la deuda pública, con un estricto programa de racionalidad y austeridad, con un manejo impecable del presupuesto podría iniciarse la reconstrucción. Pero ello tampoco ha sucedido.

 

El subejercicio que se registra casi al cierre del ejercicio fiscal en buena parte de las dependencias estatales refleja que no basta con buenas intenciones o con pretendidos ahorros en aras de la austeridad republicana que abraza el gobierno de la Cuarta Transformación como se puede administrar y gobernar bien.

 

El lastimoso estado de las finanzas gubernamentales al inicio de este gobierno se volvió la justificación perfecta para salir al paso de cualquier clase de reclamo. No obstante, las transferencias de fondos federales, las participaciones y el propio presupuesto estatal han estado en caja, puntualmente, desde diciembre del año pasado.

 

Con todo, las obras públicas son exiguas, contadas. El desempleo galopa a lo largo y ancho de la geografía veracruzana, la falta de inversiones es palpable, el desplome del nivel de vida de la clase media es notable, las penurias de los más pobres siguen igual. Las expectativas de crecimiento, de mayor desarrollo individual y colectivo, se quiebran ante la parálisis económica que es la constante.

 

Se despidió a miles de empleados públicos bajo el argumento de que era obligado redimensionar el gasto corriente y con el pretexto de que los trabajadores habían prestado sus servicios en gobiernos priistas o en el bienio del ex gobernador Yunes y para ellos no eran de fiar, se sustituyó al personal corrido por nuevos burócratas, por más empleados de confianza, para pagar compromisos de campaña y acomodar a familiares y recomendados de la nueva clase política en el poder.

 

Se asignaron, además, de manera directa contratos, como ha sucedido destacadamente en la secretaría de Salud, al tiempo que continuaron las prácticas de compras directas que se decía serían erradicadas. Y, por supuesto, persisten los “moches”, el cobro de comisiones en los procesos de compras o para agilizar pagos a proveedores que esperan desde hace varios años se liquiden los adeudos que tiene el gobierno con ellos.

 

Pero si en lo financiero la cosa no ha cambiado, en lo que toca a la inseguridad, el problema es mayúsculo. Veracruz vive hoy un clima de zozobra y violencia sin precedentes.

 

Voceros de sectores empresariales, de la jerarquía eclesiástica, de organizaciones no gubernamentales, legisladores y políticos de oposición, lo mismo que ciudadanos de a pie, han externado su hartazgo ante la criminalidad, las extorsiones, los secuestros, los ajustes de cuentas del crimen organizado y los enfrentamientos que diariamente tiñen de sangre y riegan de cadáveres la geografía veracruzana, sin que los operativos de seguridad, en coordinación con el Ejército y la Marina Armada de México o la Guardia Nacional que ha sido enviada a apoyar las labores de los cuerpos policiacos locales, atinen a frenar la escalada de violencia.

 

Los atroces crímenes del bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos o el ataque en Minatitlán, donde fallecieron 13 personas, entre ellas, un bebé, y más recientemente el proditorio asesinato de un diputado local, por citar solo algunos casos que tuvieron gran notoriedad, siguen impunes, amén de que crece la lista de feminicidios que ubican a Veracruz entre las entidades más violentas e inseguras del país.

 

La cero tolerancia a la violencia contra las niñas y las mujeres en Veracruz sigue siendo solo una bonita frase.

 

Este recuento breve de lo que los veracruzanos perciben del actuar de esta administración basta para concluir que no es con la autocomplacencia ni minimizando los graves problemas que siguen enfrentando las familias como se podrá llevar a cabo una auténtica transformación. Eso no es lo que esperaban los ciudadanos que votaron masivamente por un cambio.

 

Hace falta entender que se gobierna para todos, más allá de militancias, que la gobernabilidad se construye con base en el diálogo y la tolerancia hacia el otro, que la curva de aprendizaje ya llegó a su fin y de que no puede seguirse improvisando. Los veracruzanos esperan resultados.

 

El bono democrático que significó la transición en nuestro estado y en el país no es en modo alguno un cheque en blanco. Las enormes expectativas que despertaron siguen sin ser cumplidas.

 

La principal: erradicar la impunidad y combatir en serio la corrupción sigue en lista de espera. Dígase lo que se diga.

 

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