Alentadora y tranquilizadora resulta la reiterada advertencia que hizo ayer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que se aplicará todo el peso de la ley a quien o a quienes se atrevan a atentar contra los periodistas en territorio estatal.

En este espacio expresé ayer mi inquietud por la intención oficial de apagar cualquier voz crítica, incluyendo la de la prensa, señalamiento que hice con base en algunos signos que se han venido dando pero también por información que tengo sobre la actitud de algunos de sus colaboradores.

Ojalá y no les gane la tentación de tomar el garrote contra la prensa, de apagar la libertad de expresión. No sería la primera vez, pero hay que estar preparados para todo, comenté.

 

En conferencia de prensa, el gobernador expresó ayer que no hay ningún tipo de “ley mordaza” por lo que los comunicadores pueden trabajar libremente.

“… quiero mencionar y muy rotundamente: nadie puede atentar contra la opinión emitida por los medios de comunicación. Vamos a ser muy estrictos en preservar el derecho a la libertad de expresión, de quién sea”; dijo que quien lo intente hacer va a “enfrentar las consecuencias, sea quien sea”.

Es importante y oportuno que la máxima autoridad lo advierta porque los amagos, la intimidación están latentes como ayer cuando policías municipales trataron de impedir su trabajo a reporteros que cubrían un accidente en el centro de la ciudad y trataron de inhibirlos tomándoles fotos con la amenaza de que serían citados a declarar.

Parte interesada que soy, celebro que el gobernador García Jiménez exprese claramente su postura y es de desearse que su advertencia sea acatada por todos sus colaboradores pero también por los miembros de su partido en la Legislatura local, pues, como dije ayer, algunos ya muestran signos de tener una borrachera de poder y creen que pueden cometer atropellos impunemente, uno de ellos contra la prensa.

Soy de los que cree que el gobernador es un buen hombre, pero que algunos colaboradores suyos se van por la libre y con sus decisiones y acciones dañan su gobierno y le dañan su imagen.

La actitud de García Jiménez tiene toda la relevancia porque Veracruz está considerado uno de los territorios más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y la atención nacional e internacional está fija en nuestro Estado presta a registrar, denunciar y condenar cualquier atentado contra la libertad de expresión y sus exponentes los periodistas.

Viene otra ola masiva de despidos

Pero las malas noticias no terminan para los mexicanos incluidos los veracruzanos.

Los medios de la Ciudad de México han estado informando que en el Proyecto de Presupuesto para 2020 el ahora llamado Gobierno de México (el gobierno federal) contempla recortar 4 mil 85 plazas en seis dependencias.

Con el pretexto de las medidas de austeridad los despidos se esperan en las secretarías de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Energía, de Agricultura y de Turismo.

Por lo que hace al Estado, de fuentes bien enteradas “Prosa aprisa” tiene la información de que acá habrá también un recorte masivo, todo el que sea necesario para dotar de recursos a la administración estatal, que se queja y argumenta que no tiene dinero para operar.

En acuerdos previos la orden ya habría sido dada por lo que en las dependencias ya estarían trabajando o estarían por iniciar a hacerlo, para contemplar de cuántas personas pueden prescindir, con la diferencia de que mientras que el gobierno federal piensa despedir pero indemnizar, en el gobierno local despedirían sin indemnización alguna, como ya lo han hecho.

El recorte sería también para 2020, por lo que muchas personas que saldrían de vacaciones en diciembre cuando intentaran regresar ya no tendrían trabajo.

Descuidan los graves problemas

Y aunque son más, cinco grandes problemas azotan a Veracruz: inseguridad y violencia, desempleo, dengue, escasez de medicamentos y ahora la contaminación.

Sobre la inseguridad, pese a las cifras alegres que manejan en el nivel estatal, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador la reconoce en forma abierta y lo dice en público.

Una vez más, el sábado en Campeche reconoció que este Estado ha avanzado tanto en seguridad que ya está al nivel de Yucatán, pero “no puedo decir lo mismo del caso de Veracruz”.

No lo dice la oposición, tampoco la prensa crítica. En boca del presidente significa una nota negativa, un tache, un reproche al gobierno estatal: no puede con el problema.

El desempleo galopante es alarmante. En muchas familias ha llegado al grado de desesperación. Silenciosamente se incuba ahí un brote de inconformidad que el día menos esperado va a estallar.

El problema se va a agravar con el despido masivo que se prepara para el fin de año.

Sobre el dengue, oficialmente se reconocen más de 4 mil 500 casos, tímidamente hablan de solo dos defunciones pero las investigaciones de la prensa arrojan un saldo de más de diecisiete. Adentro siempre hay la intención de maquillar las cifras, así que quién sabe cuántos son en realidad los casos de afectados y fallecidos.

De la escasez de medicamentos, los más afectados han sido los enfermos de cáncer. La voz oficial insiste en que no existe el problema pero la de los enfermos y sus familiares dice otra cosa. Le creo a estos últimos.

Los focos de infección en que están constituidos los basureros o rellenos sanitarios han cobrado otra dimensión mayor con las sesenta toneladas de desechos vertidos al Río Blanco, aunque no es el único.

No son los únicos graves problemas que aquejan a Veracruz, pero sí los más significativos y de urgente resolución.

En dos de ellos es más que evidente que están rebasadas las autoridades: en el de inseguridad y violencia y en el de dengue.

Lo mal que están las finanzas tiene que ver en buena parte, o en mucha, con los problemas y a diario vemos las protestas de sindicatos y comunidades que acusan incumplimiento de la SEV. Y se podría seguir.

Diez meses y el tema central ha sido Winckler

Este es un panorama general a casi cincuenta días de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rinda su Primer Informe de Gobierno.

Lo sorprendentemente es que diez meses después de ejercicio la atención del gobierno del Estado esté centrada en un solo hombre, al que convirtieron en el problema número uno, en la prioridad a atender: el fiscal Jorge Winckler Ortiz.

El propio gobernador, el secretario de Gobierno, el de Seguridad Pública, en ocasiones el de Educación, algunas veces lo hizo la exContralora General, han dejado de atender sus responsabilidades para estarse ocupando del defenestrado procurador de justicia.

¿Es que acaso no tienen un buen departamento jurídico que se  encargue de tratar de llevar a Winckler a juicio político o ante los tribunales, con pruebas sólidas, para no distraer la atención de las autoridades que deben, debían estar centradas en buscarle solución a los graves problemas?

Esto es necesario porque hasta que la instancia legal federal no confirme que fue legal su separación del cargo, hay litigio para rato; por eso ahora solo hay una encargada, que cuando se tenga una sentencia final se iría al Poder Judicial para dar paso al abogado y maestro Tomás Mundo como nuevo Fiscal General.

Sería grave que entrarámos al undécimo mes y que el tema central del gobierno del Estado siga siendo Winckler. Los veracruzanos no eligieron a los nuevos gobernantes para eso, sino para que les resuelvan sus problemas. Ojalá y lo entiendan.