* Si no constataron su situación fiscal, hay delito, dice una fuente de ORFIS

* En cuatro años, intenso movimiento en el Registro Público de la Propiedad

* Publicidad e Imagen del Sureste no aparece en el padrón de proveedores

 

 

MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

 

—Segunda y última—

 

A diario, Víctor Carranza se prueba a sí mismo, se demuestra qué es: un devoto del Carmen, alcalde santurrón y alma pura y sin mancha, o escapista de la ley. Alardea invocando honestidad, pregonando transparencia, y al verse cercado sobre actos de corrupción, miente, huye, se esfuma. O baila y calla.

Una empresa, Publicidad e Imagen del Sureste, categorizada por el Servicio de Administración Tributaria entre aquellas que facturan operaciones simuladas (EFOS), hizo del ayuntamiento de Coatzacoalcos un cliente frecuente.

Boletinada por el SAT, ha expedido facturas que amparan servicios a la administración municipal cuando que por ley no se le debieron otorgarle contratos y, sin embargo, lo hicieron.

Catorce facturas —desmenuzadas en la primera parte de este reportaje— hablan de organización de eventos, impresión de lonas, arrendamiento de estructuras para anuncios espectaculares, impresión de revistas y suministro de alimentos. En ellos se observan folios, claves y cadenas fiscales, fechas y el concepto de cada servicio, si es que acaso lo realizó, si es que no fue una simulación. Pero en esencia, todo es ilegal.

Desde 2017, en Mérida, Yucatán, donde ubica su presunto domicilio fiscal, Publicidad e Imagen del Sureste es catalogada como “empresa fantasma”. Y su veto por parte de la Secretaría de Hacienda ya es público.

Prueba de ellos es que el 30 de marzo de 2019, mediante el oficio 500-05-2019-7302, el SAT la incluyó en la relación de 156 empresas irregulares por incurrir en el supuesto del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes por los que ha emitido comprobantes fiscales.

Pero en Coatzacoalcos el alcalde Víctor Carranza le dio y le continuó otorgando contratos.

A espaldas del SAT, y pese a ser pública su condición de empresa impedida para continuar realizando operaciones fiscales, Carranza Rosaldo le allegó un millón 300 mil pesos y lo que se sigue acumulando mensualmente.

Según una fuente del ORFIS Veracruz, la responsabilidad de asignarle contratos a una empresa boletinada como irregular, inexistente, fantasma, recae en el alcalde de Coatzacoalcos y su área financiera, la Tesorería, la Dirección de Contabilidad, la Contraloría municipal.

 

DELITO Y RESPONSABILIDAD LEGAL

 

Al registrarse como proveedor del ayuntamiento —apunta la fuente— “debió verificarse su situación fiscal” y si no lo hicieron hay responsabilidad legal.

Ese fuego alcanza a Carranza; al tesorero municipal, Mario Humberto Pintos Guillén; a la directora de Contabilidad, Yolanda Sagrero Vargas; al contralor José Luis Ovando Murillo; director de Adquisiciones, José Espinosa Antonio, y a los integrantes de la Comisión de Hacienda en el cabildo, síndica Yazmín Martínez Irigoyen, y regidor Benito Soriano Aguilera.

“El director de Adquisiciones (José Espinosa Antonio) debe tener todos los documentos legales y fiscales, así como el número de cuenta bancaria para asignarle un número de proveedor, además de supervisar que se haya entregado el servicio o el bien; cerciorarse que cuente con un contrato o convenio; corroborar que exista la empresa en el domicilio fiscal que declaró y constatar la existencia del representante legal”.

Hay responsabilidad en el área del ayuntamiento que haya solicitado el bien o servicio mediante una requisición. El tema atañe a la Dirección de Comunicación Social, cuyo titular era Joel Alejandro Arellano Torres y actualmente es José Antonio García Yáñez.

La fuente de ORFIS añade:

“El área de Contabilidad (Yolanda Sagrero) debió detectar si las facturas están soportadas y documentadas con las evidencias de que se realizó el servicio o se entregó el bien para pasar a pago. Es la responsable de verificar si ese y todos los proveedores se encuentran en la lista de contribuyentes y si alguno está en el supuesto del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación (empresas fantasma o que simulan operaciones fiscales)”.

Carranza se quema y el tesorero Mario Pintos le acerca el fuego. Su firma es primordial en el trámite de facturas y en la liberación de pagos, el modo en que se saldó el adeudo, si fue con cheque nominativo o con transferencia bancaria, si se cubrió en una emisión o en parcialidades.

Agrega la fuente de ORFIS:

“La Contraloría interna (José Luis Ovando Murillo) debe iniciar una investigación así como dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Si no procede, será el contralor en quien recaiga la culpa”.

 

CUATRO AÑOS Y VARIOS ESCÁNDALOS

 

Una Navidad, el 23 de diciembre de 2015, se constituyó Publicidad e Imagen del Sureste. Y no hay día que no se enrede en escándalos

Nació bajó la fe del notario Héctor José Victoria Maldonado, titular de la notaría número 2 de Mérida, Yucatán, con duración de 10 años.

Sus socias iniciales fueron Eva Noemí Lafarga Mascareñas y María Espectación Aguilar Zunza, cada una con una aportación de 25 mil pesos. Designaron a Oliver Azuara Torres como apoderado general.

Tres años después, el 14 de marzo de 2018, modificaron el objeto social agregando la logística de eventos deportivos, renta de equipos de audio, video, edición de videos, producción de eventos de televisión, sonido, gradas, vallas, plantas de luz y todo tipo de equipos necesarios para espectáculos artísticos y deportivos, así como la promoción de espectáculos artísticos, deportivos y similares que no cuentan con instalaciones para llevarlos a cabo.

El 6 de agosto de 2018 una de sus socias, Eva Noemí Lafarga Mascareñas vendió sus acciones a Jair Fernando Ibarra Villanueva, quien asumió funciones como gerente general.

El 3 de abril de 2019, cuando Publicidad e Imagen del Sureste ya había incluida en la relación de empresas vetadas por simulación de operaciones fiscales, María Expectación Aguilar Sunza se desliga de la sociedad mercantil. Su lugar lo ocupa de nuevo Eva Noemí Lafarga Mascareñas. Ese día es nombrado delegado de la sociedad, Raúl René de Atocha Raygosa Castillo.

Raygosa Castillo es la voz de mando. Dos años antes de integrarse a Publicidad e Imagen del Sureste, el 27 de diciembre de 2016, constituyó la empresa Gestión Empresarial de Mérida. Su socio es Gerardo Raúl Morcillo Zetina. Los alcances de esa empresa son casi ilimitados, destinada a administrar todo tipo de sociedad y prestar servicios de asesoría.

El 12 de febrero de 2018, Gerardo Raúl Morcillo Zetina se abrió de la sociedad y en su remplazo llegó Ricardo Adrián Sánchez Chab.

Tanto en Publicidad e Imagen del Sureste como en Gestión Empresarial de Mérida, todos los socios detentan acciones con el mismo valor: 25 mil pesos.

 

NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

 

Entre los 614 proveedores registrados en el padrón del ayuntamiento de Coatzacoalcos, el nombre de Publicidad e Imagen del Sureste no figura.

Están las familias Quintanilla —Sobir—, los Fosado — Ediur y Fosmon—, los Robles —Diario del Istmo, Editorial Robles, Imagen del Golfo—, los Moreno —gasolineras Transístmica y Playa del Mar—, empresarios, comerciantes, periodistas.

Una consulta realizada este jueves 19 al portal de internet del ayuntamiento, permitió constatar que no hay registro ni evidencia de que a Publicidad e Imagen del Sureste haya sido incorporado al padrón.

Un delito más al festín.

Yolanda Sagrero, por ejemplo, no sólo tiene responsabilidad directa en el trámite de las facturas de Publicidad e Imagen del Sureste sino en erogaciones del ayuntamiento de Coatzacoalcos que son totalmente ilegales. En un frase, otro desvío de recursos.

A Yolanda Sagrero se le acusa del desvío de recursos del ayuntamiento de Coatzacoalcos hacia la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos, en la que funge como presidenta del patronato pro construcción.

En los estados financieros de julio de 2018, se detectó una erogación de 300 mil pesos como apoyo a la UPC, de la que no estaba enterado el cabildo de Coatzacoalcos ni se había autorizado convenio alguno.

Siendo directora de Contabilidad, Yolanda Sagrero lo debió conocer, consultar e impedir. Hizo todo lo contrario. Calló y avaló.

En otro fuego comienza a arder el alcalde. Así alardee de su política de transparencia y honestidad, su santidad y su catolicismo carmelo —devoto de la Virgen del Carmen—, en el clóset trae a una empresa fantasma.

Ante ello, abogados y empresarios de Coatzacoalcos integran dos denuncias contra el alcalde Víctor Carranza por conspirar con una empresa que fue boletinada por el SAT por facturar para simular operaciones fiscales.

Y en una de las denuncias se le da vista a la Secretaría de la Función Pública para que el SAT cumpla su misión.

 

Fotos: Fidencio Arévalo Chapuz, Neopolítica