POR JORGE CARRASCO ARAIZAGA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador recurre a todo tipo de formas y argumentos para echar a andar y justificar a la Guardia Nacional, desde una corte federal en Nueva York vino un duro golpe al Ejército, la columna vertebral del cuerpo armado que quiere el titular del Ejecutivo.

Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, involucró a altos mandos del Ejército y del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) en la supuesta protección que desde los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón se le dio a Joaquín El Chapo Guzmán.

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Junto con Ismael El Mayo Zambada, Guzmán encabezó el cartel de Sinaloa desde que se escapó del penal de máxima seguridad Puente Grande, en Jalisco, al inicio del gobierno de Fox y que durante todo el sexenio de Calderón estuvo prófugo. Su detención ocurrió hasta el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, al que también se le escapó, aunque pronto fue detenido de nueva cuenta y enviado de inmediato a Estados Unidos, donde ahora se le procesa.

En la audiencia que se realizó el jueves en la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York, la primera del año, el hijo del Mayo Zambada no dudó en señalar a los generales Humberto Eduardo Antimo Miranda y Marco Antonio León Adams, como protectores del cartel.

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Ambos mandos ocupaban importantes posiciones. Miranda estaba en la primera plana del Ejército. Era el Oficial Mayor, encargado de controlar todos los recursos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), e incluso se le mencionó en las listas para suceder al general Clemente Vega como jefe del Ejército, en 2006. Dos años después pasó a retiro.

El entonces coronel León Adams había sido jefe de la guardia presidencial de Fox y su familia, incluida Martha Sahagún y sus hijos. Ascendido a general y recordado por sobrepasar en estatura al entonces presidente, León Adams se esfumó en el último año del foxismo. Ya bien avanzado el gobierno de Calderón reapareció como jefe de Servicios de la Sexta Región Militar, en el puerto de Veracruz.

Ambos fueron señalados por El Vicentillo como protectores del Chapo. A cambio de supuestos pagos millonarios, el general Miranda le informaba sobre las operaciones de sus rivales de los cárteles de los Beltrán Leyva, Los Zetas y el de Juárez; mientras que el exjefe en el EMP presuntamente le informaba sobre los operativos del gobierno en su contra.

El señalamiento, que será desestimado en los círculos oficiales por provenir de un testigo protegido, pone la atención en la credibilidad del Ejército que el presidente López Obrador se ha empeñado en construir al describirla como la institución más confiable en el país para enfrentar a la delincuencia organizada. Lo ha eximido incluso de responsabilidad en actos de corrupción.

Remite también a las insistentes versiones según las cuales los gobiernos panistas protegieron al Chapo. Incluso, el de Calderón fue acusado de detener a más rivales de Guzmán que del cártel de Sinaloa.

La acusación llega en mal momento para el gobierno de López Obrador, quien está empeñado en legitimar su participación en el combate al narcotráfico y más aun pretende entregarle la seguridad pública, aunque para ello necesita reformas constitucionales.

Las iniciativas de reformas serán procesadas a partir del 16 de enero en la Comisión permanente del Congreso, pero una semana antes se abrirá un nuevo debate público sobre la viabilidad de la Guardia Nacional. A la discusión se suman ahora estas nuevas acusaciones.

Aunque su creación se da casi por hecho en el Congreso, el presidente ya decidió iniciar el reclutamiento de los primeros 21 mil nuevos elementos del cuerpo. Ese proceso se anunció cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprestaba a designar a quien como máximo representante del Poder Judicial de la Federación (PJF) acompañará gran parte de la gestión de López Obrador.

Aunque el titular del Ejecutivo dijo que “las circunstancias ameritan” adelantarse al reclutamiento, su mensaje fue en sentido opuesto al equilibrio de poderes, que tanto se reclamó en la designación del ministro Arturo Zaldívar como el nuevo presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quien entre 2019 y 2022 deberá lidiar con López Obrador y sus afanes de reformar al PJF.

Comentarios: @jorgecarrascoa