La propiedad, el cuidado de las formas con las que se condujo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) saltaron por los aires.

Olga Sánchez Cordero dijo ayer que el manejo de la política interior del país volverá a la Secretaría de Gobernación (Segob) y no lo hará más la Secretaría de Hacienda.

 

Era obvio que se refería, aunque en forma indirecta, a la conducción que hizo Luis Videgaray de una función que siempre estuvo reservada a la Segob.

Y la ministra en retiro de la SCJN actuó en consecuencia. Se comportó como política y como si ya fuera la titular de Gobernación.

Ya en el presidium, cuando la anunciaron y la recibieron con aplausos saludaba como si ella fuera la candidata presidencial: eufórica alzaba los brazos, se los cruzaba sobre el pecho como si abrazara a todos, señalaba el índice de ambas manos hacia arriba con los brazos estirados; lo hacía una y otra vez. Tiraba besos.

Propuesta por Andrés Manuel López Obrador para ser la Secretaria de Gobernación de su gabinete, la primera mujer en la historia que llegaría al cargo, fue clara, contundente y repetitiva: México será una república democrática, representativa y laica, omitiendo el último termino: federal, que señala el artículo 40 de la Constitución. Laica, repitió una y otra vez.

Había acudido al edificio del Sindicato de Trabajadores Normalistas y de la Educación en Veracruz, un sindicato independiente, para hablar sobre “Una política para la paz”.

Lo hizo en una primera parte durante casi 50 minutos sin parar y luego consumió más de una hora en responder a varias preguntas que le hicieron.

Respondió a todas las preguntas y dejó constancia de su cultura jurídica pero también del pulso que tiene de los problemas de México, del bagaje histórico que posee del país.

Casi de entrada, al saludar la presencia y la cobertura que le estaban dando los medios, proclamó: “Van a tener a la mejor aliada de la libertad de expresión que haya habido”.

Habló con firmeza, nunca titubeó, casi siempre alzó la voz y por ratos parecía la oradora en un mitin de masas. Las ideas le afloraban en una secuencia coherente, ordenada.

En el presidium la acompañaban y la escuchaban el candidato de Morena a gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el dirigente de ese partido en Veracruz Manuel Huerta, la candidata suplente al Senado Gloria Sánchez y los candidatos a diputados locales y federal por el distrito de Xalapa Ana Miriam Ferráez Centeno, Rosalinda Galindo Silva y Rafael Hernández Villalpando.

De entrada había hablado de la violencia que azota al país y del número de víctimas con base en una investigación, de la UNAM. Habló de lo que se proponen para combatir el problema.

Pero dijo que se tenía que empezar por el respeto de las autoridades al actual proceso electoral.

“Que se oiga bien y que se escuche lejos”, casi gritó, y expresó que como futura Secretaria de Gobernación pedía a los gobiernos de los estados, al federal y a las autoridades electorales que no se entrometieran.

“La pacificación de nuestro país empieza con el respeto a este proceso electoral”, vociferó.

Señaló que exigía que no se entrometieran en el proceso electoral “no sólo por el bien del Estado (se refería a Veracruz) sino de México”.

“Ustedes tienen la responsabilidad señores gobernadores y señor Presidente del cause de la legalidad, que el proceso electoral sea ordenado, democrático, institucional y pacífico”.

Machacó a todo pulmón: “Se los exigimos como mexicanos, el bien superior de la nación es lo que estamos reclamando porque de ellos depende la gobernabilidad del país, la transición pacífica”.

600 mil mexicanos, empleados por la delincuencia

Vestida toda de color café, que contrastaba con su pelo blanco encanecido, destacó un hecho doloroso: 600 mil personas están empleadas por la delincuencia en nuestro país.

Dijo que por eso Andrés Manuel le encomendó los mecanismos de una “justicia transicional”, para pasar de la violencia “por cualquier motivo” a la recomposición social.

“El crimen nos ha hecho perder una generación de jóvenes de 15 a 21 años que han sido asesinados o desaparecidos. Queremos dar una respuesta rápida y avanzar y disminuir la violencia”.

Nunca dijo que en seis meses resolverán el problema.

“Transitaremos a un estado de pacificación, de respeto a las instituciones, al Estado de derecho. México está roto de sangre, de violencia, por todos los delitos por los que tenemos que transitar hacia la paz”.

Aclaró y puntualizó un tema que ha estado en la polémica desde que AMLO manejó la idea de que habría “una amnistía para los criminales” como una estrategia para erradicar la violencia en el país.

Olga Cordero habló que la Ley de Amnistía “es lejana a perdonar a criminales de alta peligrosidad” y que, al contrario, tiene como prioridad las víctimas.

“Las víctimas quieren verdad y justicia; la verdad a través de varias comisiones de la verdad en distintos puntos de la república donde más se ha sufrido como Veracruz”.

Subrayó que: “Las madres que están buscando a sus hijos quieren saber la verdad. Estas comisiones estarán integradas por la sociedad civil que conoce las circunstancias de su geografía. Se invitará a sacerdotes, expertos internacionales, gente que conozca la situación de zona”.

Reiteró que incluso “vamos a ir a Roma a ver al Papa”, para que los apoye en la tarea.

Ofreció que las víctimas tendrán acceso a la justicia para que los delincuentes paguen por sus delitos. “México, por sus tratados internacionales, no podría darle amnistía a los asesinos, a los tratantes, a los torturadores, a los genocidas, a los violadores, a los secuestradores. No se van a perdonar”.

Especificó que un derecho de las víctimas es también la reparación del daño.

Chirinos y Fidel también amnistiaron

Hizo memoria en defensa de su propuesta.

Puntualizó que existen varias leyes de amnistía, una en la Ciudad de México (CDMX) “para los muchachos del Movimiento 132”, que la Asamblea de la CDMX expidió hace unas semanas.

Se retrotrayó para recordar que en Veracruz existió la Ley de Amnistía 17 expedida en 1996 por el gobernador Patricio Chirinos, siendo Secretario de Gobierno Miguel Ángel Yunes, a favor de campesinos, ejidatarios, comuneros, colonos agrícolas, que habían tenido como móvil la explotación agropecuaria, que hubieran cometido el delito de despojo y robo de frutos y daños.

También trajo a colación la Ley de Amnistía 872 expedida en 2007 por el entonces gobernador Fidel Herrera, a través de la cual se concedió amnistía a toda aquella persona a la que se le hubiera ejercido acción penal o hubieran sido sentenciados por delitos considerados no graves, que tuvieran menos de 18 años, siempre y cuando fueran indígenas o personas en pobreza extrema o con capacidades diferentes.

Una más: la del presidente Carlos Salinas de Gortari, en relación al Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en 1994, que fue del 1 de enero de 1994 al 20 de enero de 1994 hasta las 15:00 horas, y uno de los requisitos era entregar las armas.

Otra: la de José López Portillo a favor de los guerrilleros de Guerrero encabezados por Lucio Cabañas, o la de Luis Echeverría para los estudiantes de 1968.

“La Ley de Amnistía es un mecanismo de no repetición al que tienen derecho las víctimas con la finalidad de que los beneficiarios no vuelvan a cometer el mismo delito, como en el caso específico de los campesinos que siembran droga y están involucrados en el trasiego; sin embargo, no son delincuentes de alta peligrosidad como los asesinos, violadores, secuestradores, torturadores, etcétera”.

Informó que se están construyendo ahora las hipótesis de ley, el universo de beneficiarios y la temporalidad de la misma.

“Yunes compra un millón 200 mil votos”

Al final habló Cuitláhuac García Jiménez, quien hizo un llamado a sus militantes y simpatizantes a convencer a más veracruzanos para que los apoyen, ya que dijo que ellos en Morena tienen un millón 200 mil votos pero que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha podido comprar un número similar.

Cuando se retiraba se le acercó una joven mujer para pedirle su apoyo porque dijo que la habían despedido del Gobierno del Estado por apoyar a Morena. La asesoró diciéndole que presentara una demanda laboral y otra ante la Fepade para que cuando él llegue a la gubernatura le devuelva su trabajo y le pueda restituir todos sus derechos, incluyendo su antigüedad.

El País: AMLO, 92% de probabilidades de ganar

Ayer el diario El País de España en su edición de América dio 92% de probabilidades de que López Obrador gane la Presidencia, de acuerdo a encuestas, usando sus modelos electorales para Francia, Reino Unido o España. Da sólo 9% de probabilidad de ganar a Anaya y sólo 1% a Meade.

Según su promedio, AMLO tiene 48% de intención del voto, Ricardo Anaya 28 y José Antonio Meade 20%.

Apuntó el influyente medio: “La ventaja de López Obrador es clara. Ni siquiera los dos debates que se han celebrado hasta ahora, el terreno en el que peor se desenvuelve el tres veces candidato, han mermado su posición en las encuestas. No es normal que se produzca un vuelco electoral que haga perder 20 puntos al candidato puntero. Sirve de referencia una estadística deportiva: ahora mismo una derrota de López Obrador sería más rara que ver fallar un penalti a Cristiano Ronaldo. No obstante, la victoria del candidato de Morena tampoco es una certeza: los sondeos aún podrían moverse y hasta el último día habrá espacio para una sorpresa”.