El senador Enrique Inzunza Cázarez, imputado en Estados Unidos por complicidad con el Cártel de Sinaloa, ha decidido someterse al citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) sin ampararse en su inmunidad parlamentaria.
En un mensaje publicado en la red social X, Inzunza se describió a sí mismo como un defensor de las leyes y las instituciones del país.
Inzunza está señalado de haber proporcionado la lista que contenía los nombres de candidatos priistas y sus familiares, así como de sus operadores políticos, que fueron secuestrados, torturados y amenazados por el Cártel de Sinaloa previo a la elección de 2021, hecho que permitió que el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ganara la contienda. A este episodio se le cataloga como la evidencia de una narcoelección.
La decisión de Inzunza llega en un momento en que el país atraviesa por un escrutinio sobre la protección que otorga la inmunidad parlamentaria y su uso por parte de los legisladores. Esta movida podría sentar precedentes sobre la percepción pública de la transparencia y responsabilidad de los funcionarios.
Inzunza es considerado el poder tras el trono en Sinaloa y enlace con el crimen organizado. Las declaraciones de delincuentes procesados en Estados Unidos lo señalan como aliado de la facción de Los Chapitos, como se conoce a los hijos de Joquín Guzmán Loera, “El Chapo”, exlíder del cártel, actualmente condenado a cadena perpetua en la Unión Americana.