Coatzacoalcos, Ver.- Desde la Dirección del Ingresos del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Ignacio Martínez Sánchez aprieta a las empresas automotrices, las conmina a pagar el refrendo a su condición de contribuyentes. Es duro con todas, menos con Diez de Coatzacoalcos, propiedad de la familia Diez a la que sirvió en Orizaba.
Hay un sesgo en el actuar de Ignacio Martínez. No brinda piso parejo. A unos les exhibe el puño y a otros, Diez de Coatzacoalcos y firmas hermanas, la mano suave. Es verdugo con los contribuyentes e indulgente con Elías, hermano del ex alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos.
Fuentes de la Tesorería municipal revelan cómo Ignacio Martínez ha dispuesto requerir a empresas y particulares con adeudos mayores a cinco años, pese a que el Código Hacendario sólo otorga facultades al ayuntamiento para cobrar rezagos de cinco años a la fecha.
“Va a provocar que el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García enfrente demandas colectivas por el abuso de su director de Ingresos”, señala un asesor de empresas que pidió el anonimato.
A OTRAS AUTOMOTRICES LES MARCA EL PASO
La parcialidad de Martínez Sánchez se evidencia al contrastar la presión ejercida sobre empresas automotrices chinas, coreanas, europeas y americanas frente a la benevolencia hacia los Diez.
Martínez Sánchez fue integrante del ayuntamiento de Juan Manuel Diez Francos, por lo menos durante su tercer mandato en Orizaba, y los hermanos Diez mantienen una estrecha amistad con la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, quien mantiene su base política en Coatzacoalcos.
La empresa de los Diez no solo es conocida por su prominencia en el sector automotriz, sino también por proveer 28 de los 38 automóviles de lujo adquiridos por el gobierno de Rocío Nahle, lo que alimenta aún más las críticas sobre posibles conflictos de interés en estas operaciones, como reveló el portal de noticias La Silla Rota, el 4 de mayo pasado.
OTRO PROTEGIDO DE DIEZ Y SUS FECHORÍAS EN OAXACA
El historial de prácticas controvertidas no termina ahí. Un caso reciente involucra a José Rodolfo Barrera Rodríguez, ex empleado del Grupo Diez, quien ha sido señalado por un complejo esquema fraudulento en Oaxaca, vinculado a ventas de vehículos nunca entregados.
A pesar de las graves acusaciones, Barrera Rodríguez parece haber eludido responsabilidades legales, en parte gracias a la protección continuada de la empresa a la que pertenecía. Relatos de testigos, como el de Priscila Aréchiga, influenciadora y antigua empleada de la firma, subrayan cómo Diez Oaxaca fue cómplice del encubrimiento al deslindarse de las denuncias contra su empleado, a pesar que las operaciones se realizaban en sus instalaciones y ofertando vehículos de su empresa.
Estos incidentes han generado un reclamo social por mayor transparencia en las acciones del gobierno local. Abogados y asesores empresariales señalan específicamente cómo Martínez Sánchez maneja los asuntos fiscales del ayuntamiento relacionados con firmas favorecidas como las de los hermanos Diez.
TAMBIÉN APRIETA A LOS DEPORTISTAS
A las ligas deportivas las conmina a invertir en los espacios que son propiedad del ayuntamiento, como ocurrió a inicios de marzo cuando explícitamente les pasó la charola. O les marcó un cobro de piso.
En la columna INFORME ROJO se formuló, el 7 de marzo, una descripción del modus operandi de Ignacio Martínez Sánchez.
“Que los deportistas le inviertan a los campos y canchas. Que si hoy pagan 300 pesos por partido por el uso de una cancha de futbol, ahora los hijos del humanismo morenista les cobrarán a razón de 3 mil 600 pesos.
“A puerta semi cerrada, en el gimnasio 20 de Noviembre, uno de los genios del alcalde, Ignacio Martínez Sánchez, director de Ingresos, dictó la línea. ‘Hay que invertir’, dijo a los presidentes de ligas deportivas. Y se los repitió varias veces: ‘Hay que invertir’. Fue un pase de charola. O, en su peor acepción, un cobro de piso.
“Algo se trae el orizabeño amigo de Pedro Miguel Rosaldo. Si las ligas invierten, tácitamente se hacen copropietarias de los campos y canchas municipales y eso la ley no lo contempla. La obligación legal de procurar el deporte es del ayuntamiento de Coatzacoalcos, según reza la Ley Orgánica del Municipio Libre. Si no lo hace, entonces aporta la infraestructura y la actividad deportiva queda en manos de los particulares. Esa es la fórmula que se ha seguido por décadas.
“La genialidad de Ignacio Martínez es equiparable a una asociación público-privada, o sea neoliberal. O de plano lo que trae entre manos es autorizar concesiones o contratos de comodato. Pero en el fondo se vislumbra otro atraco. Los Quintanilla, los compadres incómodos de la gober de Veracruz, Rocío Nahle, se frotan las manos sabiendo que quien invierte genera el derecho a controlar los espacios deportivos”.