Ciudad de México.- El Gobierno mexicano rechazó enérgicamente un informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que acusa al país de una crisis de desapariciones forzadas que podría constituir un crimen de lesa humanidad. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó el documento de tendencioso y desinformado.
La SRE cuestionó la metodología y conclusiones del informe, argumentando que no se ajusta a la realidad actual de México ni considera los avances logrados en los últimos años, sobre todo desde 2019 en adelante. Las autoridades aseguran que las acusaciones no reflejan el marco de reformas llevadas a cabo recientemente.
El informe de la ONU se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, bajo las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero el gobierno actual denuncia sesgo y parcialidad en el análisis, resaltando que las críticas omiten los esfuerzos realizados desde entonces.
Dentro de sus reformas, México ha implementado medidas como la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y diversas obligaciones legales para fortalecer la respuesta a este problema. Además, sostiene que se mantiene firme en su compromiso de cooperación con entidades internacionales.
Pese a las diferencias con la ONU, México reafirma su disposición a colaborar en la erradicación de las desapariciones y enfatiza que, aunque hay desafíos pendientes, no se cierra al diálogo constructivo y a mantener su historial de cooperación con organismos internacionales.


