En medio de la discusión por la nueva reforma electoral impulsada por el Gobierno federal, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han advertido que transformar las 300 juntas distritales en órganos temporales implicaría un retroceso institucional y pondría en riesgo la solidez técnica del sistema electoral mexicano.
La iniciativa fue presentada el miércoles 25 de febrero por Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, durante la conferencia matutina del Ejecutivo. Entre sus propuestas figura la reconfiguración de la estructura territorial del INE, que actualmente opera mediante juntas distritales permanentes integradas por personal de carrera.
El consejero Jaime Rivera Velázquez sostuvo que sustituir esos órganos por comités temporales significaría retroceder cuatro décadas en materia de organización electoral. A su juicio, las juntas distritales permanentes constituyen el mecanismo más eficaz para garantizar comicios imparciales y confiables, al estar integradas por funcionarios profesionalizados y con experiencia acumulada.
En la misma línea, el consejero Arturo Castillo Loza advirtió que la modificación afectaría las capacidades de fiscalización del instituto. Las juntas, explicó, cuentan con personal especializado que supervisa de manera continua el gasto de los partidos políticos en campo, una tarea que perdería continuidad bajo un esquema temporal.
Castillo añadió que la propuesta impactaría también la actualización de la geografía electoral y la operación de los módulos de atención ciudadana, responsables de mantener al día el padrón y la credencialización. “Si eliminas la profesionalización y el trabajo permanente de estas estructuras, afectas directamente la confiabilidad de la democracia en México”, subrayó.
La consejera Dania Ravel coincidió en los riesgos. En declaraciones a El Financiero, señaló que la contratación temporal durante los procesos electorales podría abrir la puerta a perfiles sin la especialización requerida o con eventuales vínculos partidistas, lo que comprometería la imparcialidad de la autoridad electoral. Además, advirtió que una reestructuración implicaría revisar los derechos laborales de cerca de 13.000 trabajadores y prever el impacto presupuestal de eventuales liquidaciones.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha detallado que la reforma contempla diez ejes principales: la eliminación de las listas de representación proporcional para la Cámara de Diputados y el Senado; la reducción del 25% de los recursos destinados a organismos electorales y partidos; el fortalecimiento de la fiscalización; el voto en el extranjero; la disminución de tiempos oficiales en radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios; la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots; ajustes en los cómputos distritales; el impulso a mecanismos de democracia participativa; la prohibición del nepotismo y la eliminación de la reelección.
El debate apenas comienza, pero dentro del INE el mensaje es claro: modificar la estructura territorial no es un ajuste administrativo menor, sino una decisión con efectos directos sobre la arquitectura institucional que sostiene los procesos electorales en México.