El empresario del sur de Veracruz, José Arturo Alfonso Paredes, planea presentar en Xalapa pruebas de un esquema de corrupción encabezado por Lorena Martínez Cabrera, directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), y Miguel Hernández Linares, director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).
El periodista Bernardo Gutiérrez Parra, en su columna Desde el Café, da pormenores sobre la denuncia que presenta el empresario Alfonso Paredes y que exhibe la mecánica seguida para aplicar moches en los contratos asignados por ambos funcionarios, Lorena Martínez del círculo más cercano a la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, y Hernández Linares, pieza del equipo del diputado local por Coatzacoalcos, Miguel Pintos Guillén, a su vez cercano al esposo de la mandataria, José Luis Peña Peña.
Estos directivos, según Alfonso Paredes, actuaron en connivencia con David Agustín Jiménez Rojas, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, para llevar a cabo fraudes en su contra. Las acusaciones destacan una presunta manipulación de la justicia por parte de Jiménez Rojas, quien tiene vínculos cercanos con la Fiscal Anticorrupción del estado.
El empresario revela que en diciembre de 2024 fue contactado por los directores para proveer servicios al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos bajo la condición de entregar un porcentaje de sus facturas, práctica justificada por presuntos gastos no cubiertos por la institución.
“En ese entonces le pidieron que brindara servicios al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos pero que a cambio tenía que entregar un moche del 30% de cada factura. El argumento que se esgrimió fue que en dicha institución había gastos que no se podían cubrir de otra manera, sino a través de los prestadores de servicios”, detalló Gutiérrez Parra.
“El empresario cuenta que aceptó el trato y con ello se realizó la venta de equipos de cómputo y accesorios con facturación de diferentes proveedores, a petición expresa de la directora. José Arturo también rentó 14 equipos de impresión y fotocopiado por los cuales cobraba una renta mensual de mil quinientos pesos por cada equipo, más la impresión a color de un peso con cincuenta centavos y cincuenta centavos en blanco y negro, para lo cual tenía la facturación disponible”, agregó.
Paredes detalla que accedió a estos términos, vendiendo equipos de cómputo y arrendando impresoras, pero el COBAEV no le pagó la cantidad acordada de 342 mil pesos. Alega que las facturas fueron manipuladas por la directora para facturar a nombre de otro proveedor.
“Sin embargo, un día que iba a emitir la factura, la directora Lorena Martínez le dijo que ya contaba con una factura de otro proveedor y que ella se encargaría de facturar. José Arturo descubrió ahí que estaban facturando más de lo que se consumía en el mes correspondiente, ya que le pedían que imprimiera los contadores y que solamente los entregara a la encargada de Recursos Materiales.”, señaló.
El caso pone en evidencia la compleja red de corrupción que podría estar operando dentro del sistema educativo, un escándalo que está previsto se haga público a través de una conferencia de prensa en la capital veracruzana.