Ciudad de México.- El capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, alias El Capitán Sol, se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta implicación en la red de corrupción aduanera orientada al contrabando de combustible, actividad encabezada por los familiares políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Las investigaciones sugieren que Solano estaría conectado con las muertes de los capitanes Adrián Omar del Ángel Zúñiga y Abraham Jeremías Pérez Ramírez, cuyas decesos fueron calificados como accidente de tiro y suicidio, respectivamente, en extrañas circunstancias.
Las órdenes de captura dictadas contra diversos miembros de la red, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, han sido un factor clave en el avance de las indagatorias. Dentro de este escenario, el capitán retirado habría presionado a sus colegas marinos amenazándolos con frases como “Tú o tu familia”, paralelamente a las coacciones, existen señalamientos de haber facilitado el ingreso de naves cargadas de combustible ilícito a cambio de sobornos.
Uno de los episodios más impactantes relacionados con la investigación es la muerte del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, exdirector de Recaudación de Aduanas en Manzanillo, Colima. Guerrero Alcántar fue uno de los personajes que denunció las prácticas corruptas de los sobrinos de Ojeda Durán y, posteriormente, fue asesinado. Un testigo protegido asegura que El Capitán Sol fue un actor esencial en la configuración de la red delictiva que mantenía el control en las aduanas del país.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado movimientos financieros sospechosos que vinculan a Solano Ruiz con esta red, mencionando transferencias millonarias y su posible involucramiento en el tráfico de fentanilo y otras sustancias. Mientras tanto, Solano sigue prófugo de la justicia, y las autoridades ya han emitido una orden de aprehensión en su contra. Estos hechos han arrojado sombras sobre el funcionamiento interno de las aduanas y la Secretaría de Marina, instituciones clave para el control de contrabando en el país.