Xalapa, Ver.- La diputada local Montserrat Ortega advirtió que el ajuste al presupuesto de salud en Veracruz de 38.74 por ciento, reduce de forma sustantiva los recursos para población sin seguridad social, sin compensación suficiente en hospitales ni abasto, lo que anticipa presión operativa y menor capacidad de respuesta del sistema.
“Se le recortan 7.414 millones de pesos, es decir, el 38.74% del presupuesto que tenía signado se lo quitaron. Y eso que era primero los pobres”, apuntó desde la tribuna del Congreso de Veracruz.
El debate sobre el financiamiento a los servicios de salud en Veracruz se reactivó tras la exposición pública de un ajuste presupuestal que impacta directamente a personas sin seguridad social, un segmento que concentra la mayor demanda de atención médica en la entidad.
De acuerdo con la diputada local Montserrat Ortega, del Grupo Legislativo Mixto “Veracruz nos Une”, el área responsable de atender a esta población enfrenta una disminución de 7 mil 414 millones de pesos, equivalente a 38.74 por ciento de los recursos previamente asignados, una reducción que altera la planeación operativa anual.
La legisladora subrayó que quienes acuden a los servicios estatales de salud son, en su mayoría, personas sin acceso a instituciones federales, lo que coloca a los sectores de menores ingresos como los principales afectados por la contracción del gasto.
“¿Quiénes son los que van a los servicios de salud de Veracruz? Pues precisamente la gente más pobre, la gente que no tiene IMSS, la gente que no tiene ISSSTE. Pues a esa gente, a la más pobre, hoy la están dejando peor que antes en servicios de salud”, agregó.
El recorte, añadió, no encuentra equilibrio en la inversión anunciada para infraestructura hospitalaria, que asciende a 150 millones de pesos para todo el estado, una cifra que resulta limitada frente a las necesidades acumuladas de equipamiento y mantenimiento.
En materia de medicamentos, Ortega señaló que se contemplan 5 mil millones de pesos para la población sin seguridad social, monto que, dijo, obliga a los hospitales a operar con márgenes estrechos y sin garantías de abasto continuo.
La diputada cuestionó la narrativa oficial que presenta el presupuesto como garante de derechos, al advertir que la falta de insumos básicos en hospitales compromete la atención efectiva y traslada la carga a los pacientes.
Desde su perspectiva, la reasignación de recursos no fortalece el sistema, sino que introduce fragmentación administrativa y reduce la capacidad de respuesta ante emergencias y enfermedades de alta demanda.
El señalamiento ocurre en un contexto de presión financiera generalizada en los estados, donde las decisiones presupuestales determinan el alcance real de la política social y su impacto en la población más vulnerable.