Ciudad de México.- El hallazgo de un cuerpo en la cajuela de un Audi azul en Tlalnepantla destapó una compleja trama de empresas de seguridad vinculadas directamente a Ramón Requeijo Abad, un agente español de élite relacionado con el crimen organizado en México. Requeijo, aunque identificado como comerciante por las autoridades, fue revelado como un importante miembro del entorno de Hernán Bermúdez, en aquel entonces subsecretario de Prevención Social en Tabasco.
La investigación condujo a descubrir cinco empresas de seguridad que, pese a los vínculos con actividades delictivas, aún operan en México. Impacto Seguridad Profesional y SEVIPRO aparecen entre las compañías que obtuvieron contratos significativos con el ISSSTE de Tabasco, pero enfrentaron irregularidades que les valieron un veto gubernamental. Sin embargo, estas continuaron figurando en listas de proveedores oficiales hasta 2020.
Impacto Seguridad Profesional, fundada en 1998 bajo aparentes prestanombres, y otras cuatro empresas más mostraron la habilidad de sus dueños para adaptarse y persistir en el negocio a pesar de las complicaciones. La sustentación de estas entidades fue asegurada por movimientos notariales efectuados por figuras influyentes, entre ellas, el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.
La controversia sobre la legalidad de estas compañías se intensifica al saberse que el Sistema de Administración Tributaria no las ha marcado como entidades de operaciones inexistentes. Estos últimos años vieron enfrentar a tres de estas firmas el cuestionamiento de sus licencias vencidas sin que esto detuviera sus actividades. Manuel Felipe Ordóñez Buendía, referente del sector, sólo pudo recordar a una de las cinco, en otro indicio de lo opaco que es el panorama para la seguridad privada local.