Xalapa, Ver.– El Poder Judicial de la Federación desechó la denuncia por tortura presentada por Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, al resolver que las condiciones denunciadas no constituyen dicho delito conforme a la legislación nacional ni a tratados internacionales.
Bravo fue detenido en 2018 y recluido en un penal de Veracruz. En 2019 afirmó haber sido víctima de malos tratos y responsabilizó a los exfuncionarios penitenciarios Raúl Platón del Cueto y Gabriel Jiménez Ramírez, así como al exfiscal general Jorge Winckler Ortiz.
El exfiscal alegó que permaneció bajo vigilancia constante con cámaras, que sólo tenía 30 minutos de salida diaria, que debía dormir sobre una cama de cemento y que no contaba con agua caliente. También denunció haber sido trasladado a población general, pese a contar con una suspensión de amparo, y convivir con internos sentenciados por delitos graves.
La queja derivó en que el juez Óscar Hernández Carmona ordenara a la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura gestionar órdenes de aprehensión contra los señalados. Sin embargo, éstos obtuvieron amparos.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito confirmó que las condiciones narradas por Bravo corresponden a la vida en prisión y no constituyen tortura bajo la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura ni la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los magistrados concluyeron que la tortura implica actos deliberados que generen sufrimiento físico o psicológico, lo cual no quedó acreditado. Con esta resolución, los recursos promovidos por Bravo quedaron sin efecto y se anuló el procedimiento penal contra los exfuncionarios acusados.