Xalapa, Ver.— El golpe ya no llega con amenazas directas, sino con sentencias. Lo denunció la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Capítulo Veracruz: desde el poder se tuerce la ley para silenciar a periodistas y voces críticas, escudándose en la bandera de la violencia política de género.
“La ley que costó años de lucha hoy se vuelve un boomerang contra la libertad de expresión”, advirtió el colectivo, en un comunicado difundido este jueves 17 de julio.
Sin rodeos, el mensaje fue claro: las denuncias por violencia política en razón de género se están utilizando para acallar lo que incomoda. No por mujeres en situación de vulnerabilidad, sino por funcionarias con el respaldo del aparato estatal.
Tres periodistas, tres castigos
Los casos veracruzanos citados en el comunicado son ilustrativos. Elfego Riveros, Ángel Camarillo e Isabel Ortega, periodistas que ejercen en la entidad, han sido sancionados por ejercer su labor informativa. En todos los casos, las consecuencias han sido similares: eliminar publicaciones, ofrecer disculpas públicas y pagar multas.
Ángel Camarillo e Isabel Ortega, ambos colaboradores del Colectivo de Radio Teocelo, fueron sentenciados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Su “delito”? Reportar hechos sobre el parentesco entre una candidata y un alcalde, y los resultados electorales que obtuvo en 2021.
“Nombrar a quienes detentan el poder ya es una falta. Y hacerlo desde el periodismo, una herejía”, ironizó uno de sus colegas en redes sociales.
Veracruz, en el podio… de la censura
Con 55 personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, Veracruz ocupa el segundo lugar nacional. Un registro que nació para evidenciar agresores, pero que hoy —denuncia la Red— se ha convertido en herramienta para inhibir la crítica.
El fenómeno no es exclusivo del estado. En el documento también se mencionan casos en Puebla, Campeche, Tamaulipas y Sonora, donde funcionarias han invocado esta legislación para ir contra detractores incómodos, periodistas en su mayoría.
“La diferencia es brutal”, subraya el pronunciamiento. “Una cosa es denunciar violencia desde la vulnerabilidad; otra, hacerlo desde el poder, con todo el aparato estatal a disposición. No se puede confundir defensa con censura.”
Redes sociales, otro campo minado
El colectivo también alertó sobre el uso distorsionado de la ley en el entorno digital. “En las redes se amplifican tanto las violencias como las represalias”, señalan. Aunque existen mecanismos legales y defensorías, el camino de las víctimas reales está plagado de obstáculos. En cambio, desde el poder, el acceso a la justicia parece inmediato y eficaz.
“No más leyes nobles convertidas en armas”
El comunicado concluye con un llamado firme: detener la banalización de la violencia política de género y su uso como garrote contra la libertad de expresión. “Si permitimos que los instrumentos legales se usen de forma frívola, estaremos retrocediendo décadas en la defensa de derechos.”
La Red advierte que el abuso de estas figuras jurídicas desvirtúa su origen, fractura la confianza pública y perpetúa la desigualdad, todo mientras la censura gana terreno bajo el disfraz del feminismo institucional.
“No se vale callar al periodismo con la ley en la mano. Ni con toga ni con fuero.”