En el sur profundo de Veracruz, donde los manglares aún respiran y las lenguas originarias aún se sostienen, el gasoducto “Puerta al Sureste” encontró resistencia. Comunidades indígenas y afrodescendientes interpusieron un amparo colectivo en contra del megaproyecto de 715 kilómetros que pretende llevar gas natural desde el sur de Texas hasta Coatzacoalcos y Dos Bocas.
Respaldados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), los pueblos nahuas, popolucas y nuntajiiyi’ acusan que la obra avanza sin información clara ni consulta previa, como lo exige la ley. En su camino, el gasoducto amenaza con cruzar arrecifes milenarios, manglares costeros y zonas pesqueras en la Sierra de Santa Marta, una de las regiones más biodiversas del país.
La defensa legal argumenta que no se han respetado los derechos territoriales ni se ha valorado el impacto ambiental real del proyecto. Un video difundido por CEMDA alerta sobre el riesgo de contaminación de cuerpos de agua y la destrucción de ecosistemas marinos que sostienen a cientos de familias pescadoras.
Pese a los reclamos, la empresa TC Energy presume beneficios: 2 mil empleos temporales y “fortalecimiento energético”. Para los pueblos, es otra historia: despojo disfrazado de desarrollo.