Ciudad de México.- El exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha vuelto a colocarse en el centro del debate público tras una investigación periodística que lo vincula con la residencia de lujo en el exclusivo fraccionamiento de The Woodlands, en las afueras de Houston, Texas. La propiedad, valuada en más de 1.2 millones de dólares (unos 23.5 millones de pesos), ha despertado sospechas sobre su financiamiento y la relación del exmandatario con empresas contratistas del Estado.
La investigación, realizada por el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (POPLab), revela que el inmueble fue adquirido el 31 de marzo por la empresa DAI LLC, cuyo gerente es Dainel Esquenazi Beraha. Este empresario es representante en México de la firma Seguritech, que obtuvo contratos para operar el sistema de videovigilancia C4 en Guanajuato durante el sexenio de Rodríguez Vallejo. El inmueble, de más de 3.600 metros cuadrados, cuenta con cinco recámaras, cuatro baños, piscina, sala de juegos, estudio y garaje para tres vehículos, y se ubica en una calle sin salida que garantiza privacidad.
Aunque el exgobernador aseguró en declaraciones previas que su familia habita una vivienda “normal” en Estados Unidos y que él reside en León, el reportaje indica que es en esta propiedad donde actualmente vive su familia, bajo un supuesto contrato de arrendamiento con la misma empresa ligada a Seguritech. Esta firma ha sido señalada en diversos países, incluido El Salvador, por la falta de transparencia en sus operaciones con gobiernos.
El vínculo entre el exmandatario y empresarios beneficiados durante su gestión no se limita al ámbito de la seguridad. POPLab también documentó un proyecto vinícola en Dolores Hidalgo, impulsado presuntamente por Rodríguez Vallejo en 2019. Tras la adquisición del predio por parte de un grupo de empresarios, el gobierno del estado habría invertido 120 millones de pesos en obras públicas alrededor del viñedo, incluyendo la remodelación de una plaza de toros, cuyo contrato fue formalizado solo después de haber iniciado las obras.
Aunque hasta ahora no existen cargos penales en su contra, el caso ha reavivado el debate sobre la fiscalización de los exgobernadores y la necesidad de esclarecer posibles conflictos de interés y uso indebido de recursos públicos. En un contexto de creciente desconfianza hacia las autoridades, la falta de claridad sobre el origen de estas inversiones genera presión para que las instancias de control y auditoría estatales y federales actúen.