Ciudad de México.- Las autoridades financieras de Estados Unidos han identificado a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el mandato de Andrés Manuel López Obrador— como engranajes clave en la red de lavado de dinero al servicio de cárteles del narcotráfico.
Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, estas entidades facilitaron operaciones financieras para grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el de los Beltrán Leyva, todos implicados en el tráfico internacional de fentanilo y otros opioides sintéticos.
La acusación tiene consecuencias inmediatas: se ha ordenado la prohibición de transferencias internacionales para estas instituciones dentro del sistema financiero estadounidense, en aplicación de las nuevas disposiciones de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, dos de los pilares legislativos con los que la administración de Donald Trump ha reforzado su estrategia de combate a las redes financieras del narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses detallan que los tres intermediarios financieros —dos bancos y una casa de bolsa— participaron en esquemas complejos de lavado de dinero, algunos de ellos directamente conectados con la compra de precursores químicos provenientes de China. CIBanco, por ejemplo, habría procesado más de 2.1 millones de dólares en pagos dirigidos a empresas asiáticas entre 2021 y 2024. En uno de los casos más graves, se acusa a un empleado de esta institución de facilitar personalmente la apertura de una cuenta para blanquear 10 millones de dólares vinculados al Cártel del Golfo.
Intercam, a su vez, figura como una “preocupación primordial” en los informes de FinCEN. Se documentan encuentros de ejecutivos de este banco con presuntos miembros del CJNG, así como el envío de más de 1.5 millones de dólares a compañías chinas con historial de proveer sustancias químicas utilizadas en la producción de fentanilo.
Vector Casa de Bolsa, por su parte, está en el centro de las miradas no sólo por sus vínculos financieros con los cárteles, sino por su propietario: Alfonso Romo, empresario regiomontano y figura clave del lopezobradorismo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con FinCEN, entre 2013 y 2021, una mula financiera del Cártel de Sinaloa lavó cerca de 2 millones de dólares a través de operaciones con Vector. Posteriormente, entre 2018 y 2023, se documentaron pagos por más de un millón de dólares a empresas chinas relacionadas con el suministro de precursores químicos.
Estas revelaciones se enmarcan en una ofensiva diplomática y financiera más amplia. Desde enero, el gobierno estadounidense ha endurecido su postura frente a los cárteles mexicanos, con la posibilidad incluso de designarlos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación, que ya se ha aplicado al CJNG y al Cártel del Golfo, permite sanciones más severas y acciones coordinadas entre agencias como el Tesoro, el Departamento de Estado y organismos internacionales.
En México, las repercusiones son todavía incipientes. Sin embargo, la presión regulatoria ha comenzado a sentirse. Marcos Ramírez, director de Grupo Financiero Banorte, reconoce que desde principios de año se han reforzado los controles internos ante un entorno normativo más exigente. Expertos como el analista Luis Miguel Dena advierten que el primer campo de batalla será financiero, más que militar: “Por aquí fluye el dinero que alimenta al crimen organizado. Si se cierra esa llave, cambia el juego”.
Desde la sociedad civil, voces como la de Armando Vargas, de México Evalúa, subrayan que esta nueva etapa representa una oportunidad para ampliar la cooperación internacional en la investigación de flujos financieros ilícitos. Mientras tanto, el gobierno mexicano enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su capacidad para frenar el avance de los cárteles dentro del sistema económico formal. La creación de la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, anunciada hace unas semanas, aparece como un primer paso, pero la presión sigue creciendo.
“Lo que está en juego no es sólo una etiqueta simbólica, sino el acceso a los mercados internacionales y la legitimidad del sistema financiero mexicano”, afirma Michel Levien, del buró anticorrupción Streiner. “La mirada de Washington está sobre México y sus instituciones. Y esta vez, no parece que vaya a apartarla”.