Ciudad de México.- En el corazón de la capital del país, con luz de día y a plena hora pico, fueron ejecutados a tiros Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. A cuatro días del doble asesinato, las autoridades siguen sin dar respuestas claras. Ni autores, ni móviles, ni grupo criminal confirmado. Pero en los pasillos del gobierno y entre especialistas en seguridad, la tesis que más peso cobra es que se trató de una represalia. Un golpe quirúrgico del crimen organizado por las recientes detenciones de capos en la capital.
Los detalles de la operación muestran oficio. Sicarios bien entrenados, al menos cuatro, con logística medida: arma limpia, sin historial balístico; guantes para no dejar huellas; vehículos robados con serie alterada; vigilancia previa a las rutinas de las víctimas. Se montaron en una motocicleta, interceptaron el vehículo donde Guzmán recogía a Muñoz y abrieron fuego sin piedad. Ocho tiros para ella, cuatro para él. No había escoltas. No había blindaje. Sólo tráfico capitalino como testigo.
Las cámaras del C5 siguieron a los agresores hasta su fuga al Estado de México, donde se les perdió la pista. Desde entonces, silencio institucional. Una rueda de prensa escueta y sin revelaciones por parte del secretario de Seguridad, Pablo Vázquez. Sólo insinuaciones. Que pudo ser una reacción a “detenciones relevantes” de líderes criminales. Nada más.
Pero en voz baja, el eco es otro. Diversos especialistas en seguridad, consultados por medios de comunicación, han expresado sus hipótesis sobre el móvil del ataque a Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega.
Expertos como David Saucedo no dudan en advertir: “Tiene la firma del crimen organizado”. La duda, sin embargo, es cuál. Porque mientras las mafias locales como La Unión Tepito, la Antiunión o el Cartel de Tláhuac tienen motivos de sobra para responder, carecen de la capacidad para una ejecución así. Y el CJNG, con su músculo nacional, tiene el poder logístico, pero no aparentes razones directas. La paradoja está servida.
El CJNG ya había asomado la cabeza en la capital. El 15 de mayo, menos de una semana antes del atentado, cayó en Ciudad de México un presunto jefe de plaza del cártel, Israel “N”, junto con tres de sus operadores. Para muchos, esa captura fue el detonante.
“La hipótesis al interior del gobierno es que iban por Brugada, pero ella está demasiado blindada. Entonces fueron por quienes estaban a su lado, quienes sabían todo de ella”, advierte Saucedo.
Comparaciones con el atentado de 2020 contra Omar García Harfuch, entonces jefe de policía capitalino, han sido inevitables. Pero hay diferencias marcadas: Harfuch sobrevivió tras 400 disparos gracias a su vehículo blindado y equipo de seguridad. Guzmán y Muñoz estaban expuestos. La vulnerabilidad fue su condena.
Para María Teresa Martínez Trujillo, investigadora del Tec de Monterrey, lo ocurrido encaja en una narrativa peligrosa: “una venganza por cumplir con el deber”. Pero advierte que sin investigaciones formales, todo queda en conjeturas. Y eso, añade, es más alarmante todavía.
La pregunta incómoda sigue sin respuesta: ¿por qué no contaban con escoltas dos figuras tan cercanas a la jefa de Gobierno? En una ciudad que presume de ser “modelo de seguridad”, la ejecución de dos funcionarios de alto perfil, sin protección, en plena vía principal, es un mensaje. Y uno claro: nadie está a salvo.
Eunice Rendón, excolaboradora de Brugada, no titubea: “Es un parteaguas. Un ataque con esta magnitud y estos perfiles nunca se había visto. Es una afrenta directa al gobierno. Es un golpe para meter miedo”.
En medio del silencio oficial y la danza de teorías, una cosa queda clara: en Ciudad de México ya se rompió otro límite. Y cuando el crimen toca a la puerta del poder, no hay narrativa que alcance para ocultar la sangre.