Tijuana.– La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha declarado este lunes que la revocación de su visa estadounidense es una “decisión administrativa” y que no hay delito, falta ni señalamiento formal en su contra. La morenista, que confirmó la medida el pasado fin de semana, ofreció un mensaje breve ante la prensa en Tijuana, sin aceptar preguntas y sin mencionar a su esposo, Carlos Torres Torres, quien también fue afectado por la medida consular.
“Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y, cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará”, afirmó.
La mandataria estatal explicó que fue notificada el pasado 10 de mayo, poco después de que su esposo —coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana— también recibiera una revocación similar. En una publicación previa, Ávila había reconocido que ambos fueron incluidos en “una medida consular”, sin más detalles sobre el motivo.
Sin acusaciones ni explicación oficial
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han emitido comunicación pública sobre el caso, ni han informado al Gobierno mexicano de forma oficial, según reconoció este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum. “Lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora, y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar”, declaró la mandataria federal.
Ávila insistió en que la cancelación de su visa “no la define” y vinculó la controversia a ataques políticos motivados por su condición de mujer. “Aquí parece que la violencia de género es normal, pero se equivocan”, dijo, aludiendo a las críticas y señalamientos vertidos contra ella en redes sociales.
“A quienes insisten, les hablo de frente: no hay delito, no hay falta. No hay nada que perseguir… Luego de esta aclaración, doy por cerrado este tema para seguir con la amplia agenda gubernamental”, concluyó.
Apoyos y respaldo institucional
La gobernadora agradeció el respaldo que ha recibido desde distintos niveles de gobierno, así como las muestras públicas de solidaridad desde su partido y el gabinete federal. “Respeto profundamente la soberanía del gobierno de los Estados Unidos y reconozco su facultad administrativa. Sé que la verdad y el tiempo pondrán las cosas en su lugar”, declaró, visiblemente molesta, aunque confiada en una eventual resolución favorable.
Durante su intervención, que duró menos de 12 minutos, evitó cualquier mención directa al contexto binacional o a las posibles implicaciones políticas de la medida. También optó por no referirse a las especulaciones en torno a posibles investigaciones, que por el momento no han sido confirmadas ni por autoridades mexicanas ni estadounidenses.
Este episodio se suma a una serie de casos recientes en los que funcionarios mexicanos han perdido su visa sin explicación pública, lo que ha generado críticas por la opacidad del proceso consular estadounidense, así como por la politización de estas decisiones en el debate público mexicano.