Ciudad de México.– La gobernadora del Estado mexicano de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha confirmado este fin de semana la revocación de su visa de no inmigrante por parte de Estados Unidos, una medida que también afecta a su esposo, Carlos Torres Torres, sin que hasta ahora se hayan hecho públicos los motivos oficiales.
“Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado”, escribió la gobernadora en un mensaje publicado en sus redes sociales la madrugada del domingo. Ávila, figura destacada de Morena, el partido en el poder, sostuvo que la situación “se va a aclarar satisfactoriamente para ambos”.
La decisión de Washington no ha ido acompañada de ninguna acusación formal ni indicios de investigación judicial, tanto en México como en territorio estadounidense. Así lo ha indicado también Torres Torres, quien actualmente ocupa un cargo honorífico como coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos en el Ayuntamiento de Tijuana.
“Se trata de una medida administrativa que no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos”, aseguró el funcionario en su propio comunicado. Añadió que ya ha iniciado los trámites para impugnar la revocación o solicitar una nueva visa, con apoyo de un especialista en derecho migratorio internacional.
Un contexto tenso
La revocación ocurre en un momento delicado para la mandataria estatal. En los últimos meses, Marina del Pilar ha enfrentado una creciente presión política y mediática, particularmente tras la aparición de narcomantas en su contra y señalamientos anónimos que no han sido formalizados por ninguna autoridad. En paralelo, el Estado de Baja California se ha visto sacudido por episodios de violencia relacionados con el narcotráfico y una lucha abierta por el control territorial.
Carlos Torres, exmilitante del PAN y figura cercana a círculos empresariales de Mexicali, sostuvo que su conciencia “está tranquila” y que la aplicación de este tipo de medidas consulares “se ha vuelto cada vez más común”. No obstante, evitó dar detalles sobre las posibles razones específicas detrás de la decisión del Departamento de Estado.
Ávila, por su parte, reafirmó su respaldo “personal, moral y político” a su esposo y subrayó que “Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California”.
Ni la Embajada de Estados Unidos en México ni el Departamento de Estado han ofrecido declaraciones públicas sobre el caso. En general, el Gobierno estadounidense no está obligado a explicar públicamente la revocación de visas, especialmente en situaciones clasificadas como administrativas.
Este tipo de medidas, sin acusación penal de por medio, han sido aplicadas en el pasado a exgobernadores, alcaldes y empresarios mexicanos vinculados a casos sensibles o simplemente considerados como figuras de interés. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las razones exactas quedan fuera del dominio público.