Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) ha rechazado de forma unánime la solicitud del Senado y la Cámara de Diputados para cancelar 26 candidaturas judiciales, argumentando que se trata de una petición fuera de su competencia y que revela omisiones graves en el proceso de evaluación a cargo de otras instancias.
Durante la sesión del Consejo General, los consejeros electorales denunciaron que se pretende trasladar al INE la responsabilidad de revisar requisitos de elegibilidad que fueron atribución exclusiva de los Comités de Evaluación. Las candidaturas han sido cuestionadas por supuestas faltas a requisitos legales, como el promedio académico mínimo o presuntas afectaciones a la buena reputación, sin que se hayan presentado pruebas sustantivas.
“El instituto no tiene facultades para pronunciarse sobre la elegibilidad de estas personas, ni mucho menos para cancelar sus candidaturas en plena contienda”, afirmó Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Seguimiento del proceso judicial. Recordó que ni la reforma constitucional ni la convocatoria oficial otorgaron al INE participación en la selección inicial de aspirantes.
Los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, habían solicitado cancelar las postulaciones con base en observaciones que debieron revisarse antes de la inscripción formal. Según la consejera Dania Ravel, estas solicitudes no solo son improcedentes, sino que evidencian un intento de delegar en el INE errores de diseño institucional. “La ley es clara: el Senado no puede pronunciarse sobre la elegibilidad, sólo remitir la lista”, advirtió.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey criticó las deficiencias legislativas que permitieron dejar fuera del proceso al INE y entregar la evaluación de perfiles a personas sin experiencia electoral. “Estamos corrigiendo, semana tras semana, omisiones derivadas de un marco legal insuficiente”, denunció.
El consejero Martín Faz señaló que, de haber irregularidades en documentos presentados por las y los aspirantes, como certificados falsos de estudios, corresponde al Senado presentar las pruebas y proceder conforme a la ley, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
El acuerdo aprobado por el Consejo General incluye un exhorto al Senado para que entregue al INE los expedientes completos de cada candidatura y las pruebas que sustenten las acusaciones, incluidas las versiones sobre posibles vínculos con la delincuencia organizada.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, subrayó que el INE realizará la revisión de elegibilidad al término del proceso electoral, cuando corresponda entregar constancias de mayoría. “Nuestro papel no es prejuzgar, sino garantizar que quien resulte electo cumpla con los principios rectores del proceso”, concluyó.
La decisión del INE marca un límite institucional frente a presiones políticas y reafirma su posición como árbitro electoral, sin ceder a demandas que, en palabras del consejero Uuc-kib Espadas, “pretenden llevar al instituto a los extremos de la flexibilidad legal, en un entorno donde los límites entre lo permitido y lo prohibido parecen diluirse”.