Ciudad de México.— La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por el Ejecutivo mexicano ha encendido las alertas entre especialistas y defensores del derecho a la información, quienes advierten que la propuesta representa un retroceso normativo, abre la puerta a la censura de medios críticos y carece de mecanismos que impidan la infiltración del crimen organizado en el sector.
Durante un conversatorio celebrado este miércoles en el Senado de la República, expertos coincidieron en que la iniciativa concentra de forma excesiva el poder en una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendría atribuciones regulatorias y técnicas sin contrapesos, algo que calificaron como riesgoso para la vida democrática y el ecosistema digital del país.
“La propuesta amenaza al sistema digital mexicano. No necesitamos una ley de control y censura, sino una con visión de Estado que garantice inversión y conectividad para todos los ciudadanos”, afirmó Jorge Bravo Torres Coto, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), ante legisladores de distintos partidos.
Bravo advirtió que, de aprobarse como está redactada, la nueva agencia podría bloquear plataformas o contenidos mediante simples requerimientos administrativos, sin necesidad de resoluciones judiciales. “Esto equivale a anular derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información”, sostuvo.
Por su parte, Adriana Labardini, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pidió que el proceso legislativo no se apresure y que se priorice la calidad técnica y democrática del nuevo marco legal. “La apuesta debe ser por la apertura, no por muros digitales”, subrayó.
Labardini también puso sobre la mesa un tema especialmente sensible: la eventual entrada de actores delictivos al sector. “Es fundamental saber si esta nueva agencia tendrá las herramientas necesarias para impedir que las concesiones terminen en manos de personas vinculadas al crimen organizado o al lavado de dinero. Es un tema delicado que no puede quedar al margen del debate”, advirtió.
La discusión sobre la reforma apenas comienza en el Congreso, pero las señales de preocupación entre la comunidad experta son claras: se teme que, en nombre de la transformación digital, se abra paso a un modelo centralizado, opaco y potencialmente punitivo contra voces críticas.