Coatepec, Ver.— Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno de Veracruz, se encuentra todavía en arraigo domiciliario después de que un juez de control de Pacho Viejo dejara sin efecto la audiencia que debía otorgarle la libertad. La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó un recurso de revisión contra el amparo que un tribunal colegiado había concedido al político.
Según el abogado defensor, Luis Enrique González Lira, el personal de la fiscalía y la víctima del caso de retención de menores —delito por el que Franco permanece en resguardo domiciliario— no se presentaron a la audiencia. El juez debía anular el proceso penal y liberar al exfuncionario, pero la ausencia impidió avanzar en el caso.
En su lugar, la fiscalía entregó al juez un escrito en el que argumentó que aún falta que se resuelva el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del amparo 10/2024, el cual fue otorgado a Rogelio Franco el pasado 27 de marzo. Hasta entonces, sostienen, no puede ejecutarse la liberación.
“Ni el Tribunal Colegiado ni el Juzgado Décimo Octavo de Distrito suspendieron el término para el cumplimiento de la ejecutoria,“ aseguró el abogado González Lira a las afueras de los juzgados de Pacho Viejo. El defensor señaló que informarán de inmediato a las autoridades federales para que se obligue al Poder Judicial a reabrir la audiencia y se decrete el cumplimiento del amparo.
González Lira criticó que el Poder Judicial de Veracruz retrase la audiencia hasta que el Tribunal Colegiado y el Juzgado Décimo Octavo se pronuncien sobre el recurso presentado por la fiscalía. Consideró que esta postura es inconstitucional y advirtió que sería una “barbaridad” si, tras liberar a Franco, intentan imputarle nuevos delitos.
De acuerdo con la defensa, Rogelio Franco debía quedar en libertad este jueves. La sentencia del amparo 10/2024, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal, obligaba al juez de Pacho Viejo a anular el proceso por retención de menores que mantiene al exfuncionario en arraigo domiciliario desde 2023.
El tribunal determinó que el juez de control ignoró pruebas relevantes presentadas por la defensa de Franco, entre ellas documentos civiles y un dictamen psicológico sobre la menor involucrada. Además, concluyó que no existen elementos que acrediten que Franco haya restringido la custodia de su hija.
Finalmente, las autoridades federales declararon improcedente un recurso de revisión presentado por la madre de la menor. Con esta resolución, Franco debía quedar libre tras cuatro años de enfrentar diversas acusaciones en su contra.