Ciudad de México.– En los pasillos del Senado, donde la política a menudo se desliza como sombra sobre las garantías ciudadanas, se ha encendido una nueva alerta. Esta vez, sobre una reforma que no sólo toca leyes técnicas, sino que podría minar uno de los pilares de la democracia: la libertad de expresión.
El senador Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, levantó la voz este miércoles para advertir sobre los riesgos de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En sus palabras, esta no es una simple modificación legislativa, sino una propuesta que se asoma como una “nueva ley” diseñada para “censurar y controlar”.
Detrás de la justificación oficial —impedir la difusión de propaganda extranjera en medios nacionales— se estaría configurando, según Anaya, un modelo donde el gobierno podría decidir qué puede o no ser transmitido por radio y televisión. Un mecanismo de control que recuerda a regímenes que han silenciado voces críticas y estrangulado la pluralidad.
“La censura acaba con la democracia”, sentenció el legislador. Y no se trata solo de un argumento partidista, sino de una preocupación anclada en un país donde periodistas han sido asesinados, medios cerrados y plataformas digitales hostigadas. La historia reciente mexicana ha demostrado que cuando se debilitan los contrapesos informativos, lo que sigue es la opacidad, el miedo, el silencio.
Anaya señaló que el proyecto no sólo modifica un artículo como inicialmente se había dicho. “La información que tenemos es que el Ejecutivo pretende enviar una nueva ley completa”, dijo. Esto significaría ampliar considerablemente el margen de intervención del Estado en la comunicación pública, y concentrar facultades que podrían ser usadas discrecionalmente para definir lo que el país escucha y ve.
Mientras se prevé que el dictamen llegue a comisiones en las próximas horas y pueda ser votado en el pleno el lunes, hay quienes —desde espacios académicos, colectivos digitales, redacciones periodísticas— ya perciben esta iniciativa no como una medida aislada, sino como un síntoma más de un proyecto político que avanza con pasos firmes hacia el control informativo.
La batalla por las palabras, por las voces, por el derecho a disentir, parece haber encontrado un nuevo frente. Y en esta ocasión, el riesgo no viene sólo de lo que se dice, sino de lo que podría ya no poder decirse.