Ciudad de México.— Una alarma encendida por defensores de derechos digitales resuena tras la aprobación, vía “fast track” en el Senado, de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El cambio, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, otorgaría a una nueva entidad del gobierno —la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones— la facultad de bloquear plataformas digitales sin necesidad de una orden judicial.
Detrás del lenguaje técnico de la iniciativa se esconde una amenaza que organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) no dudan en calificar como “una restricción extrema a la libertad de expresión”. El escenario que se dibuja, denuncian, recuerda a modelos autoritarios donde el cierre de medios o redes sociales se convierte en rutina para silenciar disidencias.
“El bloqueo de plataformas digitales enteras constituye una medida extrema, semejante al cierre de una estación de radio y televisión”, advierte R3D. No es solo un debate legislativo: es el posible cierre del espacio público digital donde millones ejercen su voz y buscan información. Y eso, en palabras de activistas, no solo contraviene la Constitución, sino también tratados internacionales de derechos humanos firmados por México.
La organización pone el foco sobre dos aspectos especialmente graves: la autorización a fuerzas federales para adquirir tecnologías que bloqueen señales de internet, y la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil. El responsable de ambos instrumentos sería José Antonio Peña Merino, figura cercana a Sheinbaum y titular de la nueva agencia digital.
Para R3D, estos cambios no son neutros. Vienen en un país donde el espionaje con software como Pegasus aún tiene heridas abiertas, y donde la censura no es un concepto lejano, sino una práctica que ha dejado rastros dolorosos. La reforma, acusan, legalizaría formas de vigilancia y represión digital que podrían ser usadas sin control judicial, sin transparencia y con objetivos políticos.
Mientras la discusión avanza en los pasillos del poder, en las calles digitales ya se agitan los signos de resistencia. “No es solo una ley”, dicen desde la sociedad civil. “Es el futuro del derecho a hablar, disentir y existir en libertad en el mundo digital”.