Ciudad de México.– Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, exgobernador priista de Tamaulipas, finalmente enfrentará la justicia mexicana. Un juez federal dictó auto de formal prisión en su contra por delitos contra la salud en su modalidad de colaboración para facilitar el tráfico de drogas. Es decir, por servir al narco desde la silla del poder.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, quien ordenó iniciar el proceso formal contra el exmandatario, acusado de haber pavimentado desde el gobierno el camino para el crimen organizado.
Yarrington fue entregado por autoridades estadounidenses el pasado 9 de abril. Aterrizó en la frontera por la garita de El Chaparral, en Tijuana, tras cumplir una condena reducida en Texas por lavado de dinero. Aquí lo esperaba una orden de aprehensión vieja, pero aún vigente, por sus nexos con el narcotráfico.
Tras su captura, fue trasladado directamente al penal del Altiplano, en el Estado de México, donde quedó bajo resguardo federal. Su comparecencia ante el juez fue por videoconferencia.
La historia de Yarrington no es la de un político caído en desgracia. Es la de un hombre que, según investigaciones en México y Estados Unidos, fue pieza clave para permitir que grupos del narcotráfico —principalmente el Cártel del Golfo— operaran a sus anchas en Tamaulipas durante su sexenio (1999-2004).
Estados Unidos lo acusó de lavar dinero a través de compras inmobiliarias en Texas, usando prestanombres y maletas llenas de efectivo. En México, la historia no es muy distinta: encubrimiento, protección a capos, uso de recursos públicos, y un sistema entero que lo arropó durante años.
Hoy, casi dos décadas después de dejar el cargo, Yarrington vuelve a un encierro. Pero esta vez, con la etiqueta con la que la historia lo recordará: la de un narcopolítico.