Xalapa, Ver.- El exalcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, salió de prisión. Tres años y once meses tras las rejas, convertido en preso político del ex gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusado de homicidio doloso calificado, finalmente logró variar la medida cautelar a resguardo domiciliario.
Es el último perredista en abandonar las cárceles; el último ex militante del PRD al que el gobierno de Morena tenía retenido en la cárcel.
Goyo Gómez, como lo llaman en su tierra, fue detenido el 7 de abril de 2021. Primero, acusado de posesión de armas, narcomenudeo, robo de vehículo, ultrajes a la autoridad. Luego, por homicidio doloso. Se defendió, peleó su caso en tribunales. El amparo 317/2023 le cambió la medida cautelar. Libre, pero vigilado.
Una cacería política
La detención lo sacó de la contienda electoral. Militante del PRD, antes del PRI, buscaba la alcaldía de Tihuatlán. Fue parte de una embestida consentida por el ex gobernador Cuitláhuac García, operada por el ex secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y ejecutada por la fiscal estatal, Verónica Hernández Giadáns.
Primero, lo enviaron al penal de Tuxpan. Después, lo trasladaron al de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca. Muy lejos de casa. Sus abogados gritaron persecución política.
En marzo de 2023, hubo rumores de su liberación. Pero no. Nueva orden de aprehensión. Ahora por homicidio.
El asesinato de Nicanor Martínez
Goyo Gómez enfrenta cargos por la muerte de Nicanor Martínez Olguín, exdiputado federal y excandidato suplente de Morena a la alcaldía de Tihuatlán. También cayó Azucena Rodríguez, exdiputada del PRD. Acusada de ordenar la muerte de su exesposo, Nicanor.
Azucena pasó un año en prisión. Al final fue liberada por falta de pruebas. Un juez federal dictó el amparo el 3 de octubre de 2022.
Gregorio Gómez ahora está en casa. Espera juicio. ¿Justicia o venganza? En Veracruz, la política es un juego peligroso.
Tres años once meses después, ya no está tras las rejas. Desde su hogar continúa la batalla legal hasta demostrar que todo fue una represión política.