Ciudad de México.- Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la asociación Alto al Secuestro y una de las figuras más influyentes en la lucha contra el crimen en México, falleció este sábado en el Hospital ABC Santa Fe, tras una intervención quirúrgica.
María Isabel Miranda Torres, conocida públicamente como Isabel Miranda de Wallace, dedicó gran parte de su vida a la denuncia y visibilización del secuestro, luego de la desaparición y presunto asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, en 2005.
Una carrera marcada por el activismo y la polémica
A raíz del crimen contra su hijo, fundó en 2007 la organización Alto al Secuestro, que ofreció apoyo a víctimas y exhibió las cifras del delito en el país. Su labor la llevó a recibir en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado por el entonces presidente Felipe Calderón.
Su figura trascendió el activismo. En 2012, fue presentada como candidata ciudadana del Partido Acción Nacional (PAN) a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, aunque su campaña no prosperó.
A lo largo de su trayectoria, Miranda de Wallace participó en diversas instancias de seguridad y justicia, como el Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional Antisecuestro y el Observatorio Nacional Ciudadano.
El caso Wallace: entre la justicia y la controversia
El secuestro y asesinato de su hijo marcó un antes y un después en el debate sobre la seguridad en México. Sin embargo, el caso estuvo rodeado de polémica. Jacobo Tagle Dobin, señalado como el principal responsable del crimen, confesó bajo tortura su participación en el secuestro, según diversas versiones.
La defensa de Tagle Dobin denunció irregularidades en el proceso y, con el tiempo, surgieron publicaciones periodísticas que pusieron en duda la versión oficial del asesinato de Hugo Wallace, sin aportar pruebas concluyentes.
Además, su historial no estuvo exento de controversias. En 1998, Miranda de Wallace fue detenida por las autoridades de la entonces Delegación Tlalpan por resistencia de particulares y tentativa de homicidio, luego de que empleados suyos intentaran impedir el retiro de espectaculares de su empresa, Showcase Publicidad. Pasó cinco días en prisión antes de ser liberada.
Con su muerte, Isabel Miranda de Wallace deja un legado en la lucha contra el secuestro en México, aunque su historia continúa dividiendo opiniones.
Denunció amenazas tras la liberación de Brenda Quevedo
El 25 de junio de 2024, Isabel Miranda de Wallace denunció haber recibido amenazas de muerte tras la liberación de Brenda Quevedo Cruz, acusada del secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda.
Quevedo Cruz pasó 15 años en prisión preventiva hasta que un juez federal cambió su medida cautelar el pasado 24 de junio, permitiéndole seguir su proceso en libertad con un localizador electrónico y restricciones de movimiento.
“Me dijeron que me darían piso”
Miranda de Wallace afirmó que recibió dos llamadas telefónicas antes de que el juez emitiera su resolución, en las que le advirtieron que Quevedo quedaría en libertad y que, después de eso, “a mí me darían piso”.
“Recibí dos llamadas en las que anticipaban que iban a cambiar la medida cautelar a Brenda y que, después de eso, a mí me darían piso”, declaró a Latinus. También en Radio Fórmula señaló que teme por su vida, como cuando comenzó el proceso judicial tras la desaparición de su hijo en 2005.
Para la activista, la liberación de Quevedo Cruz es una decisión que pone en riesgo su seguridad, por lo que ya presentó las grabaciones de las amenazas ante las autoridades correspondientes.
Acusa a Arturo Zaldívar de estar detrás de la liberación
Miranda de Wallace también señaló al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, como presunto responsable de influir en la decisión del juez que permitió la liberación de Brenda Quevedo.
“El propio juez se dio cuenta de las grabaciones que recibí. ¿Quién me amenazó? Pues, por supuesto, gente de la propia Brenda”, acusó.
Liberación de Quevedo Cruz: entre irregularidades y denuncias de tortura
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación determinó el 21 de junio que la prisión preventiva de Brenda Quevedo era excesiva e injustificada, ordenando su liberación bajo supervisión electrónica.
Quevedo fue detenida en Estados Unidos en 2007 y extraditada a México en 2009. Su defensa, a cargo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), argumentó que había sido víctima de tortura sexual, lo cual fue documentado en la recomendación VG127/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El fallo también establece que la Fiscalía General de la República deberá cubrir los costos del localizador electrónico y que Quevedo Cruz no podrá salir de la Ciudad de México sin autorización judicial.
La liberación de Quevedo Cruz vuelve a poner en el centro del debate las irregularidades en la impartición de justicia en México, con un caso que ha polarizado la opinión pública por casi dos décadas.