
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum evitó referirse a la entrega de 29 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, manteniendo un silencio que contrasta con la relevancia de la operación. Su única respuesta fue atacar al Poder Judicial de la Federación, lo que le valió un desmentido del Consejo de la Judicatura Federal.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum desvió la atención y prefirió centrar su discurso en una dura crítica al Poder Judicial, acusándolo de corrupción y celebrando la inminente reforma que permitirá la elección popular de jueces y magistrados. “La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva”, afirmó, sin mencionar en ningún momento la entrega de los narcotraficantes.
El mutismo de Sheinbaum en torno a la polémica entrega de capos —y no una extradición formal— ha despertado suspicacias. La ausencia de explicaciones alimenta dudas sobre el margen de maniobra de su administración en las decisiones clave de seguridad, especialmente en relación con Washington. En un país donde cada palabra presidencial pesa, el silencio puede ser la señal más elocuente, máxime que al obradorismo se le acusa de encabezar un narcogobierno desde los días de poder de Andrés Manuel López Obrador, líder máximo de Morena.
Sheinbaum optó por guardar silencio, replegada por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles hasta de 25 por ciento a productos mexicanos que ingresen a territorio norteamericano, así como amagos de realizar acciones militares contra los cárteles, a los que catalogó como organizaciones terroristas internacionales; realizar sobrevuelos con aviones espía del Ejército de EU y drones de la CIA, y la sentencia de que los narcos serían borrados de la faz de la tierra.
Sheinbaum no habló ni se congratuló por el envío de los 29 capos del narco a Estados Unidos y sólo señaló que sobre el tema hablaría el gabinete de seguridad para abundar en la operación.
Un par de horas después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fueron los encargados de dar los detalles de la operación, mientras el gobierno federal publicaba la lista completa de los detenidos y sus destinos en Estados Unidos, que incluyen Chicago, Houston, Nueva York y Washington.