* Juez Okamura, secretarios y personal menor, acusados de fraude procesal y otros delitos
* Vuelven a aparecer los nombres de Gleason y Emmanuel Hernández, ligados al marido de la gobernadora, José Luis Peña
* Van por abogados que representan a acusados en juicios de amparo
MUSSIO CÁRDENAS
En el día 40 de gobierno, la Operación Enjambre va por el juez que afectó los intereses del clan Nahle-Peña, los negocios con tierras, el que rompió el pacto, el que emitió sentencias que exacerbaron la ira de la zacatecana que gobierna Veracruz.
A Francisco Javier Okamura Salomón, ex juez segundo de Primera Instancia, no lo aprehende la Fiscalía de Veracruz por ser cabeza de una red de corrupción, así tenga un negro historial, sino por empantanar juicios, ocultar expedientes e impedir que el clan se allegue predios urbanos y una propiedad con ubicación clave en el municipio de Las Choapas.
Es un juez exprés, hechura del ex presidente del Poder Judicial de Veracruz, Edel Álvarez Peña, quien no objetó impulsarlo sin tener mayores merecimientos. De escribiente pasó a ser cabeza de juzgado.
Okamura y cinco funcionarios y ex funcionarios judiciales fueron aprehendidos el jueves 9 en una acción simultánea en Coatzacoalcos; Jicacal, congregación del municipio de Pajapan; Las Choapas y Xalapa.
A Okamura se le acusa de incumplimiento del deber legal y prevaricación equiparada.
A María Cristina “G” y Manuel “N”, se les imputa abuso de autoridad, contra la fe pública e incumplimiento de un deber legal.
Sobre José Isabel “N”, Adriana “N” y Florentina “N”, hay denuncia por despojo, uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.
A la secretaria de Acuerdos, Petra “Ch”, pese a que se le mencionó como parte de la embestida legal, no le fue ejecutada ninguna acción hasta ahora.
Las órdenes de aprehensión se cumplieron dentro del proceso penal 11/2025.
La Operación Enjambre no es una batida contra la corrupción. Es un ajuste de cuentas y un mensaje. Le cobra a Okamura Salomón haberle enredado los juicios al clan Nahle-Peña y envía el mensaje a sus adversarios, políticos o no, de quien detenta el poder, la justicia, la Fiscalía y hasta dónde puede llegar.
A todos se les tildó de integrar una red de corrupción. A las aprehensiones siguió la difusión con el aparato de propaganda afín a la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, sobre quien, a su vez, pesan casi 40 denuncias aún sin judicializar por enriquecimiento ilícito, interpuestas por el empresario Arturo Castagné Couturier; por el ex candidato a la gubernatura, José Francisco Yunes Zorrilla, y por la ex diputada panista María Elena Pérez Jaén, quien señala las propiedades que la ex secretaria de Energía ocultó en su declaración patrimonial.
DE PRONTO, LA FISCALÍA SE VOLVIÓ EFICIENTE
El 9 de enero, la Fiscalía de Veracruz asestó cinco golpes espectaculares, uno en contra del ex juez Francisco Javier Okamura Salomón, ex titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatzacoalcos; otro contra la actuaria María Cristina “G”, y cuatro más con los que aprehendió a Manuel “N”, José Isabel “N”, Adriana “N” y Florentina “N”.
A las instalaciones del Juzgado Segundo, enclavado en la céntrica Avenida Zaragoza, arribaron agentes ministeriales y ejecutaron la orden de aprehensión dictada contra Cristina “N”, provocando la reacción del personal y de abogados incrédulos con lo que veían, que una actuaria fuera encarcelada por realizar su trabajo.
Pedían la intervención de la Barra de Abogados de Coatzacoalcos, esgrimían que los expedientes en torno a Okamura Salomón y coacusados ya habían prescrito, advertían vicios y violación al debido proceso.
Fuentes cercanas al caso Okamura revelan que habrá otra oleada de aprehensiones, incluidas acciones contra abogados que tramitaron juicios de amparo a solicitud de los detenidos y de personal del Juzgado Segundo.
OKAMURA SE ENTENDÍA CON ABOGADO LIGADO AL MARIDO DE NAHLE
La historia legal entre Okamura y el contratista Antonio Romero Gleason y el abogado Emmanuel Alejandro Hernández Cruz data de hace por lo menos cinco años. En 2019 tuvieron encuentros y desencuentros, un juicio por varios millones de pesos, denuncias, demandas y contrademandas.
DISTRITO ROJO reveló, en 2020, detalles documentados de esa relación y conflicto, surgida por el reclamo de Romero Gleason a la inmobiliaria GEO de un adeudo de 2 millones de pesos que a la postre hizo crecer a 20 millones y que se cobró con terrenos aledaños al fraccionamiento Puerto Esmeralda, en lugar privilegiado, colindantes con el malecón de Coatzacoalcos.
Gleason ejecutó contratos millonarios en el ayuntamiento de Poza Rica, vía Maribel Hoyos Peña, sobrina de José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora, como lo denunció la periodista Claudia Guerrero Martínez en su columna Entre lo Utópico y lo Verdadero, el 27 de junio de 2018.
Okamura Salomón tenía en sus manos el expediente. Era caso juzgado pero se negaba a inscribir su sentencia en el Registro Público de la Propiedad, que le daría a Gleason el control de más de 5 hectáreas de terreno.
DISTRITO ROJO lo describió así:
“Hacia octubre de 2019, mantuvo en la sombra un expediente de adjudicación de tierras —un nebuloso caso que implica documentos falsos y la presunta rebeldía de Casas Geo— y bloqueó el trámite de registro catastral.
“Hoy, Francisco Javier Okamura Salomón enfrenta una denuncia por secuestro de expedientes, abuso de autoridad, fraude procesal, administración fraudulenta y corrupción.
“Al juez Segundo de Primera Instancia lo acusa Antonio Romero Gleason, cuyo negocio de renta de plantas de luz le dio para reclamar un pago de servicios a Casas Geo, disparar el adeudo de 2 millones de pesos a más de 20 millones y finalmente adjudicarse una extensa franja colindante con el malecón costero de Coatzacoalcos con una superficie más a 5.4 hectáreas.
“La denuncia data del 20 de enero pasado (2020) y fue interpuesta ante el Ministerio Público de la Federación”.
Para entonces, Emanuel Alejandro Hernández usaba el nombre de José Luis Peña Peña, esposo de la hoy gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, para abrir puertas en juzgados, intimidar a adversarios, impresionar a jueces y fiscales y agilizar fallos judiciales.
“En esa denuncia –agrega el reportaje de DISTRITO ROJO–, Emmanuel Alejandro Hernández Muñoz, abogado de Romero Gleason, detalla el ocultamiento de los expedientes relativos a los juicios civiles 1813/2015 y 1440/2016, en los cuales se dirimió el adeudo de Casas Geo, las notificaciones no atendidas hasta configurar un caso de rebeldía y la adjudicación del predio aledaño al fraccionamiento Puerto Esmeralda, junto al malecón costero, al poniente de Coatzacoalcos.
“Otras versiones, difundidas en la columna INFORME ROJO (de este reportero), advertían que el juicio que favoreció a Romero Gleason, a quien se le vincula con la secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle García, se estancó tras un amparo interpuesto por Casas Geo Veracruz, aduciendo no haber sido notificada. Con ello, la escritura elaborada por el fedatario, Francisco Montes de Oca Zárate, fue revocada, así como la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
GLEASON TERMINÓ DEMANDADO POR INVIVIENDA
Mientras el expediente del litigio permanecía secuestrado por el juez Okamura, Invivienda, dependencia del gobierno de Veracruz, interpuso acciones legales contra Gleason.
Okamura persistió en su negativa, refiere la denuncia que interpuso Emmanuel Alejandro Hernández, “negándonos en todo momento acceso al expediente al cual por derecho debo tener el acceso a la misma, coartándonos legalmente para proceder conforme a derecho en el mismo, obstaculizando el proceso legal en contra del suscrito, violentando nuestros derechos humanos por afectarnos en el debido proceso, manteniendo bajo secuestro (el) citado expediente al negárnoslo en todo momento”.
En el punto 5 de la denuncia, Emmanuel Hernández cita:
“Para el día 16 de ese mes y año, aproximadamente al mediodía, el juez Javier Okamura se reunió con la licenciada Christian Irene Durantes Olivares (de Invivienda), quien es la analista jurídico y que se ostenta como la representante jurídica de la moral gubernamental Invivienda, zona Coatzacoalcos, quienes se encontraron conversando por un tiempo prolongado.
“Ella tenía interés porque los terrenos que se están tratando de escriturar en esos expedientes según son de Invivienda y de gobierno del Estado y que un día anterior había llegado un Licenciado de Invivienda (no proporcionando su nombre pero que es superior jerárquico de la Lic. Irene Durantes) a conversar con el Lic. Okamura Salomón, en relación a esos mismos expedientes”.
Dos meses después, los demandantes pasaron a ser demandados. El 5 de diciembre de 2019, Invivienda interpuso demanda —expediente 1072/2019— contra Romero Gleason, Emmanuel Hernández y autoridades solicitando la nulidad de los juicios 1813/2015 y 1440/2016.
Invivienda aseguraba carecer de pruebas por no tener personalidad jurídica, pero en el juicio 1072/2019 anexó las fotocopias que presuntamente el juez Okamura Salomón extrajo del expediente. Así lo plantea la denuncia de Emmanuel Hernández y advierte que Invivienda tuvo su oportunidad de defensa en los juicios 1813/2019 y 1440/2016 y “se desistió de los amparos por no verse afectado”.
TERRENO EN LAS CHOAPAS
El predio arrancado a GEO es de alta rentabilidad. Tan es así que en la esquina de malecón y avenida José Lemarroy, a unos metros del Hospital Materno Infantil, se reservó espacio para una gasolinera.
El permiso para operar no tiene mayor trámite. De eso se encarga José Luis Peña Peña. Detrás del negocio gasolinero estaría Reyna León Wade, viuda del ex líder petrolero y jefe político de la Sección 10 de Minatitlán, Jorge Wade González ya fallecido.
Extraoficialmente, se sabe que al juez Okamura le imputarán fraude procesal y enfrentará otra embestida por haber emitido sentencia que golpea al Clan Nahle-Peña por la adjudicación en un predio rural en el municipio de Las Choapas.
De acuerdo con datos preliminares, por el rancho pasará un sistema de ductos por los que sus propietarios cobrarán afectaciones que suman millones de pesos.
Predios similares, en la zona sur de Veracruz, colindantes con Oaxaca y Chiapas, también sirven como paso de migrantes y de narcos debido a la escasa vigilancia del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional.
La batida contra la corrupción es una mascarada urdida en palacio de gobierno. No es un acto de justicia. Es la venganza contra el juez que postergó la entrega de los terrenos al Clan Nahle-Peña.
