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Ciudad de México.- El gobierno de México ha intensificado su lucha contra el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos, una problemática que alimenta la violencia en territorio mexicano. Desde 2021, el país ha presentado demandas en cortes estadounidenses contra armadoras y distribuidoras, acusándolas de negligencia en el control de sus productos.

En un informe reciente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que el 74% de las armas de fuego recuperadas en México provienen de su territorio. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este avance, calificándolo como un paso importante hacia la colaboración binacional para frenar el tráfico de armas. “Es un reconocimiento clave, porque no es solo México diciendo que hay un problema; es el propio gobierno de Estados Unidos admitiéndolo”, declaró durante su conferencia de prensa matutina del 9 de enero.

Primera demanda: un hito en la justicia internacional

En agosto de 2021, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México presentó una demanda civil contra ocho fabricantes de armas en una corte federal en Boston, Massachusetts. La demanda argumentó que la negligencia de estas empresas facilitaba el tráfico de armas hacia grupos criminales en México.

“Nuestro objetivo es reducir la violencia en México, y eso requiere un control efectivo del tráfico de armas,” enfatizó Ebrard en ese momento. La demanda representó un esfuerzo pionero por parte de un gobierno extranjero para responsabilizar a la industria armamentística estadounidense.

Nuevas acciones legales y retos

En octubre de 2022, México presentó una segunda demanda ante una corte federal en Tucson, Arizona, dirigida contra tiendas de armas. Además, solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el impacto del comercio de armas en los derechos humanos.

A pesar de los avances, los esfuerzos de México han enfrentado desafíos legales. En agosto de 2024, un juez en Boston desestimó la demanda contra seis de las ocho empresas involucradas, argumentando problemas de jurisdicción. Sin embargo, las demandas contra Smith & Wesson e Interstate Arms continúan en curso. La SRE aseguró que evaluará nuevas estrategias legales, incluida la posibilidad de apelar o iniciar procesos en otras cortes estadounidenses.

Un parteaguas en la responsabilidad de la industria armamentística

La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó recientemente revisar las demandas presentadas por México. La SRE destacó que estas acciones legales representan un hito en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia que afecta a México y otras regiones.

“El objetivo es garantizar que el comercio de armas sea responsable, transparente y con rendición de cuentas, para evitar que lleguen a manos de grupos criminales o personas que planeen actos de odio,” declaró la dependencia.

Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum ha reiterado su compromiso de trabajar estrechamente con Estados Unidos para combatir el tráfico de armas y promover una mayor seguridad en la región.