ESPECIAL

Ciudad de México.- En los pasillos del Consejo de la Judicatura Federal, algo se quebró. El eco de los pasos del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro resonaba como un último acto de dignidad en medio de un poder que, según él, había empezado a torcerse. A las afueras, el cielo gris de octubre parecía anticipar lo que sucedería a puertas cerradas: su renuncia, tan inesperada para algunos como inevitable para él.

La carta fue entregada en silencio, sin discursos rimbombantes ni miradas que buscaran la complicidad de los que quedaban atrás. “Declino a la candidatura judicial del 2025”, había escrito con pulso firme. No era una simple renuncia; era una declaración de principios que lo separaba de un camino que, según su convicción, se alejaba de la esencia misma de la república.

Gómez Fierro, un hombre cuya trayectoria había sido impecable, se detenía un instante para mirar atrás, como quien repasa en la memoria los pasajes de una vida dedicada al servicio público. “Estoy seguro que la historia reivindicará al Poder Judicial”, dijo, no con vanidad, sino con esa certeza que tienen quienes, a lo largo de los años, han hecho del derecho su templo y de la Constitución su credo.

En su cuenta de X, las palabras resonaban con la misma calma con la que solía impartir justicia. Veintidós años no se desvanecen de la noche a la mañana. Pero, al final, siempre llega ese momento en que uno decide que es mejor marcharse antes de que la podredumbre lo alcance.

Su carta dirigida al Consejo de la Judicatura era breve, medida en sus líneas, como si las palabras fueran el reflejo de ese jurista que siempre había defendido la legalidad por encima de todo. Agradecía, sí, pero también dejaba claro que su tiempo allí había terminado. El 31 de octubre de 2024 sería su última jornada. Después de eso, el silencio, tal vez.

Aquel que en su juventud había iniciado como oficial judicial, recorriendo cada peldaño con la precisión de un reloj suizo, se iba ahora con la misma determinación con la que llegó. Había sido todo: secretario de juzgado, juez de distrito, secretario de la Suprema Corte de Justicia. Y sin embargo, lo que quedaría en la memoria de todos era su oposición férrea al poder ejecutivo, a ese poder que, según algunos, buscaba reducir a cenizas lo que tanto había costado construir.

En 2021, cuando las reformas de López Obrador tocaron la puerta de su tribunal, Gómez Fierro no titubeó. Frenó la Ley de la Industria Eléctrica, el Padrón de Usuarios de la Telefonía Móvil, y la Ley de Hidrocarburos. Y entonces, las cartas comenzaron a volar. El propio presidente envió una misiva al ministro Arturo Zaldívar. Quería una investigación. Quería saber por qué aquel juez se interponía en su camino.

El magistrado sabía que se enfrentaba a fuerzas que no estaban acostumbradas a ser contenidas. En esas palabras firmadas por López Obrador, el tono era claro, casi amenazante: “Personas y empresas del antiguo régimen han afectado la economía de los más pobres”, decía. Y, entre líneas, se leía lo que muchos entendían como una advertencia hacia quien osaba desafiarlos.

Pero Gómez Fierro no era de los que se acobardan. Había visto demasiado. Había aprendido, a lo largo de su vida, que hay momentos en que la batalla no es sólo por lo que está en juego en el presente, sino por lo que significará en el futuro. Así, se marchaba, dejando tras de sí una huella que no sería fácil de borrar.

Los pasillos quedaban vacíos, como la página en blanco que ahora se abría ante él. Y aunque las luces seguían encendidas, nadie podría negar que algo importante había cambiado en esa mañana.