ESPECIAL

Una vez más, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la dirección de Pablo Gómez, arremetió con un golpe inesperado, apuntando directamente al corazón de una de las organizaciones más incómodas para el gobierno: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Gómez reveló cifras que dejaron a más de uno sin aliento. 96.7 millones de pesos, dijo, fluyeron desde la embajada de Estados Unidos hacia las arcas de MCCI desde agosto de 2018. Un monto que, según el titular de la UIF, no es solo un asunto de números, sino una cuestión de soberanía y principios. El señalamiento era claro: “No se puede recibir financiamiento de gobiernos extranjeros para una campaña en contra del gobierno mexicano”.

Pero eso no fue todo. Con la calma que caracteriza a los veteranos de la política, Gómez exhibió una lista de pagos que encendió la polémica. Entre los nombres mencionados había reporteros y otros personajes que, según él, no estaban siendo remunerados por su labor periodística, sino por participar en una campaña financiada con dinero extranjero. La línea entre el periodismo y la política, sugirió Gómez, se había desdibujado peligrosamente.

En la narrativa que Gómez construyó, Claudio X. González, figura emblemática de la oposición, emergió como el líder de un movimiento que, según las cifras, operaba con fondos cuyo origen y uso deberían ser de conocimiento público. “El problema no es que haya sido oposición”, dijo Gómez, “el problema es la campaña y quien la financió”. El golpe estaba lanzado, y con él, la invitación a cuestionar no solo las intenciones, sino también los mecanismos detrás de uno de los movimientos más influyentes en el México contemporáneo.

La revelación de los millones que MCCI ha recibido desde cuentas en Estados Unidos y Reino Unido, así como los pagos a bancos en Suiza, dejó al descubierto una red financiera que, según Gómez, no debería estar operando en las sombras. 31.7 millones de pesos se movieron hacia cuentas en Suiza y Estados Unidos, y esos números, más que cifras, se convirtieron en armas en el campo de batalla político.

En medio de esta tormenta de números y nombres, Gómez lanzó un último dardo: “Deberían tener la obligación de informarle al pueblo de México qué es lo que hacen con estas cantidades que no son pequeñas”. La insinuación era inconfundible: en un país donde la transparencia es un bien escaso, cualquier organización que maneje cantidades tan significativas de dinero, especialmente si provienen del extranjero, debería estar sujeta al escrutinio público.

El combate entre la UIF y MCCI no ha terminado, y los próximos asaltos prometen ser igual de intensos. En la arena política mexicana, cada revelación, cada cifra, cada nombre es un golpe, y en este duelo, el público espera con ansias el próximo movimiento.